Un nuevo decreto publicado hoy en el Boletín Oficial terminó de consolidar una idea que el Gobierno ya había anticipado: la desregulación de la obra pública. Entre las derogaciones y modificaciones de leyes dictadas, la más sobresaliente es la eliminación del Registro de Constructores. “La firma de Javier Milei y Guillermo Francos pone fin a 80 años de corrupción en la obra pública de Argentina”, afirmó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Para entender el impacto de esta medida resulta necesario entender para qué funcionaba el Registro de Constructores. Este listado reconocía a empresas con certificados basados en sus antecedentes y en la capacidad de construcción. Para el Gobierno, esto funcionaba como un obstáculo para generar nuevos competidores y, en consecuencia, fomentaba la idea de un “club de la obra pública” en el que ganaban siempre los mismos.
El derogado artículo 13 de la Ley 13.064 decía que “podrán inscribirse las personas físicas (que desarrollen la actividad y posean matrícula de comerciante), como así también las personas jurídicas del tipo sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, personería jurídica extranjera con sucursal en el país u otras formas societarias en cuyo objeto social sean constructoras”. Es decir, en la visión del Gobierno esto limitaba que empresas de otro rubro pudieran competir por contratos tales como la realización de una ruta, o su mantenimiento.
“Imaginen un sistema donde hay que adjudicar 10 obras de 10 millones cada una. Asumamos, porque ayuda a hacer el ejemplo sencillo, que hay también 10 empresas. ¿Cómo podrían hacer esas empresas para repartirse las obras sin competir? Muy simple: inventamos el concepto ‘capacidad de contratación’ y decimos (porque sarasa y coso) que cada empresa en el sistema solo tiene capacidad para hacer obras por un total de 10 millones. Listo. Cada empresa sabe que le tocará una de las obras y nadie tiene que competir porque todos tienen su tajada asegurada”, explicó Sturzenegger.
Como contrapartida, fuentes del sector respondieron que esa es una “concepción errónea”, porque el Registro “funcionaba como un filtro grueso”. En consecuencia, sostuvieron que “los pliegos de las licitaciones y sus condiciones seguirán haciendo filtro”. A su vez, criticaron la idea de que “cualquier empresa pueda construir un hospital, ya que en todo el mundo los antecedentes valen”.
Pese a eso, el ministro de Desregulación consideró que “se mantendrá un mecanismo para evaluar qué tipo de obras puede tomar cada empresa según su experiencia, pero para estimarlo previamente se contaba solo la obra pública. Por ejemplo, si todas las obras las hubiera hecho un tal Lázaro Báez, entonces solo ese tal Báez estaría habilitado para futuras obras (¿suena?). A un constructor privado o uno extranjero ni los dejaban competir. Todas esas restricciones: ¡Afuera! Y no solo eso, incluso si una empresa no tiene antecedentes podrá suplirlo con patrimonio neto o con garantías. Así, nuevas empresas, grandes y pequeñas, podrán sumarse y competir”.
Uno de los grandes interrogantes que abre esta nueva normativa del Gobierno es si se presenta como el preludio de una reactivación de la obra pública. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Economía no detallaron qué proyectos de infraestructura recibirán más apoyo del Tesoro y si se lanzarán nuevas licitaciones. Asimismo, desde el sector auguraron que “tarde o temprano” habrá obra pública.
A propósito de este tema, Sturzenegger comentó: “Más allá de que este Gobierno no va a asumir obra pública provincial o municipal, era imperativo desarmar este esquema de ‘corrupción legal’ que tuvimos que aguantar tantos años y cuyos resultados más recientes fueron Lázaro Báez, José López, la causa de los cuadernos”.
