El decreto 841/2024 que cesantea al ingeniero y ex funcionario macrista lleva la firma del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo. Además instruye a la Sindicatura General de la Nación para que en 30 días hábiles para que «elabore un Informe de Entrega y Recepción que contenga la información necesaria para conocer el estado de situación administrativa, patrimonial y financiera y, eventualmente, la consumación de hechos o irregularidades que podrían configurar un acto ilícito en el ámbito penal y/o administrativo».
La decisión del Gobierno había sido anticipada el 10 de septiembre por el vocero Manuel Adorni, quien en su conferencia de prensa había dicho que «hasta que se aclaren los hechos, el Presidente (Javier Milei) ha tomado la decisión de despedirlo».
Thierry Decoud fue funcionario del PRO y es amigo del intermediario apuntado por pedir coimas. En junio pasado, la compañía de capitales israelíes TEGI Limited ofreció a YCRT una propuesta de compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por cerca de 2,1 millones de dólares, el equivalente a aproximadamente US$ 70 por tonelada.
Si bien estuvo a punto de cerrarse, finalmente no se realizó por las irregulares maniobras de Andrés Gross, un misterioso intermediario que, según se desprende del audio de una reunión por videoconferencia que mantuvieron las partes involucradas, le pidió al representante de TEGI en la Argentina, Juan Agustín Yarke Ariet, un dinero adicional para avanzar en la negociación.
En un audio de 13 minutos al que accedió Clarín, quedó registrado el diálogo de Yarke Ariet, con los intermediarios Andrés Gross y Alejandro Salemme, quienes pretendían cobrar para «facilitar» el negocio.
Gross es amigo del ahora ex interventor de YCRT designado por el Gobierno nacional, Thierry Decoud. La legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó una denuncia contra Decoud, Gross y Salemme. En el escrito, presentado por la funcionaria ante la Justicia Federal, pide que se investigue a los tres involucrados por «la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias».
