Este martes el Ministerio de Economía de la Nación no solo anunció el cierre de varios programas y subprogramas de vivienda y hábitat, sino que también crea un nuevo esquema para las obras en curso. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1199/2025 con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, se enmarca dentro de la política del Gobierno Nacional de reordenar la obra pública y “buscar mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado”.
El punto central de la resolución es que las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires podrán asumir el financiamiento de las obras cuando el Estado Nacional no cubra los desembolsos previstos. A cambio, deberán implementar un sistema de recupero de fondos para los proyectos que así lo establezcan, garantizando que el pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios no supere el 30% de sus ingresos familiares.
La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de aplicar dos directrices principales al nuevo protocolo para la gestión de las obras:
La devolución de estos fondos se hará de acuerdo con la variación de la Unidad de Vivienda (UVI). En caso de que se deban devolver fondos desembolsados, estos se actualizarán según la variación del índice de la UVI, y se iniciarán acciones judiciales si no se reintegran en el plazo establecido.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la medida como un avance significativo. “Destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”, explicó. “La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”.
La resolución detalla que se podrán aplicar excepciones, eximiendo total o parcialmente de la obligación de pago a hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas y beneficiarios de urbanizaciones en villas y asentamientos. Además, se prevé la posibilidad de compensar los fondos que las jurisdicciones tengan pendientes de devolución en otros programas de vivienda.
La normativa también deroga más de diez resoluciones de gestiones anteriores del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del ex Ministerio de Obras Públicas, al considerar que no se ajustan a los criterios de eficiencia que el contexto actual requiere. Entre los programas afectados se encuentran:
Pero también, se derogan resoluciones vinculadas al “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Procrear), cuyo fondo fiduciario ya había sido disuelto previamente.
La decisión, que se fundamenta en la emergencia pública declarada por el Gobierno, busca lograr una mayor eficiencia y evitar un “perjuicio fiscal” para el Estado. Según se detalla en el documento, los programas cancelados “no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Además, la resolución revoca normativas vinculadas a programas de vivienda, como las que regulaban el Registro de Ejecuciones Hipotecarias de la Ley 25.737. Esta suspensión de ejecuciones sobre vivienda única ya había vencido, por lo que la derogación busca brindar claridad jurídica. También se deja sin efecto la normativa de planes como el “Argentina Hace”, que ya habían cumplido con su plazo de finalización.
