El Gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación destinada a la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. El principal argumento del Decreto 727/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, es que que la normativa que dispuso su creación en 2004, bajo el mandato de Néstor Kirchner, «invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional».
Aquel Decreto N° 715/04, derogado ahora por documento que lleva las firmas de Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tenía como propósito reforzar la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por la Ley N° 25.457, mediante la búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio con el fin de restituir su identidad. Ante esto, la Unidad Especial de Investigación, con el aval del Poder Ejecutivo, contaba con facultades de investigación y acceso a archivos públicos.
En la nueva norma, la administración de Milei citó también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que «el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional». Además, se arguyó que las herramientas vigentes hasta la flamante norma «violentan» el régimen constitucional.
El oficialismo subrayó también que con esta decisión se busca garantizar que la investigación de los delitos cometidos durante la dictadura sea conducida dentro del marco legal adecuado, respetando los derechos fundamentales y la privacidad de las personas, tal como lo establecen tanto la Constitución Nacional al igual que las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina.
Se añadió, en paralelo, que «no puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental».
Asimismo, se señaló que la Procuración General de la Nación ya había creado en 2012 una Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, lo que refuerza la posición de que estas investigaciones deben permanecer en el ámbito del Poder Judicial.
Por último, con esta derogación, el gobierno de Milei aclaró que busca «restablecer el equilibrio constitucional«.
A fines de junio, desde Abuelas de Plaza de Mayo habían expresado «su profunda preocupación» por la posible decisión del Gobierno Nacional de eliminar la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.
«La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas», indicaron mediante un comunicado.