El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en la ex AFIP ante los anuncios de un paro y un apagón informático

A través de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto con los empleados de la ex AFIP y en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo en la nueva agencia ARCA. La medida fijó un plazo por 15 días, los cuales podrán ser prorrogados.

Trabajo, que se encuentra en la órbita del Ministerio de Capital Humano–, actuó a instancias de las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – ex AFIP), donde hubo marchas, protestas y un anuncio de paro.

Los sindicatos de empleados del ente recaudador como también los aduaneros manifestaron medidas de fuerza, como plegarse al cese de tareas del transporte de este miércoles y realizar un apagón informático que afectaría a trámites online ante la DGI y la Aduana.

Desde el anuncio del Gobierno de disolución de la AFIP por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, los movimientos de los empleados dentro del organismo recaudador se dispararon en varios sentidos y las protestas fueron diarias.

A tal punto que para esta última semana de octubre, los sindicatos, en repudio al anuncio de una reducción de tres mil empleados que acompañó la disolución de la AFIP, comenzaron el lunes tres días de huelgas y un apagón informático que traería muchísimos problemas para los contribuyentes.

«En AFIP no sobra nadie», fue el lema de los empleados al encabezar la convocatoria de las protestas, con movilizaciones dentro del edificio y en el exterior. Incluso, en estos últimos días cortaron calles y cantaron contra la presidencia de Javier Milei.

Además, se conoció también que cientos de empleados que ya están en edad de jubilarse iniciaron los trámites jubilatorios antes de que alguna temida nueva disposición oficial pudiera avanzar sobre beneficios establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Las versiones sobre empleados que decidieron apurar el trámite jubilatorio llegan a las 1.700 personas solo en la última semana, entre hombres que pueden trabajar hasta los 70 años y mujeres que deben retirarse cuando llegan a los 65 años. Versiones más conservadoras dicen que no pasan de 1.000 los pedidos de jubilación, en todo el año. En cualquier caso, el ajuste en la AFIP no le saldrá barato al Gobierno.

Los problemas también existieron estos últimos días en el aeropuerto internacional de Ezeiza, con demoras para los pasajeros que arribaron a la terminal por un paro de los trabajadores de AFIP-Aduana.

Para los pasajeros que arriban de vuelos internacionales, el paso del equipaje por los scanners de la AFIP es obligatorio, de modo que para la medida de fuerza generó largas colas y retrasos operativos de hasta dos horas para poder salir del aeropuerto.

Los pasajeros fueron tomados desprevenidos de la situación, pero los sindicatos ya habían anunciado el jueves pasado, tras una asamblea de los trabajadores de Aduana y sus delegados, la decisión de escalar las medidas de fuerza con la excusa de la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional ante la disolución de la AFIP y el ajuste de personal.

Para evitar que sigan los problemas para los usuarios y se extiendan las medidas de fuerza, el Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria para que por quince días no haya protestas y se pueda llegar a un acuerdo.

«Con la intención de impedir que se extiendan las medidas de fuerza, el gobierno exhorta los sindicatos del organismo a terminar con las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador», informaron desde el Ejecutivo.

Además, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia fijada para el día lunes 4 de noviembre, a las 11.

El Gobierno de Javier Milei enumeró los sueldos de los funcionarios de la AFIP para justificar la disolución del organismo y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Florencia Misrahi.

«Se tomó la decisión de que dejen la llamada cuenta de jerarquización que, por este concepto, hoy cobran la titular más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar, tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado», indicó en su momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Misrahi, quien estaba al frente de AFIP, conducirá al ARCA, y liderará este proceso junto al polémico funcionario Andrés Gerardo Vázquez y José Andrés Velis. Ambos serán titulares de las actuales Dirección General de Impuestos ( DGI) y Dirección General de Aduanas (DGA) respectivamente. Sus designaciones fueron confirmadas por intermedio del Decreto 954/2024 en el Boletín Oficial.

La comunicación oficial precisó que el cierre de AFIP «reducirá en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de $6,400 millones».

Al mismo tiempo, el Gobierno adelantó que se desvincularán «3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante al ultimo gobierno kirchnerista». Esto equivale al 15% de la dotación actual del organismo. «Este paso es imprescindible para desmantelar burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos», aseguró el Gobierno.

En julio, el Gobierno ya había avanzado con un plan de «achique» de la AFIP: mediante el decreto 559, implementó una fuerte reestructuración dentro del organismo con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo.

Con esa medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.