El proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal no avanza en el Congreso de la Nación. El Gobierno considera que esta iniciativa, que busca modificar el régimen tributario argentino, es clave para que los argentinos saquen los pesos y los dólares que tienen en la informalidad y los inyecten nuevamente en la economía. Hay un número que tiene en la mira la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): hay entre cinco y diez bases monetarias fuera del sistema.
Justamente, la aprobación de esta ley es la segunda etapa del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, luego de que a finales de mayo el Ejecutivo eliminara ciertos regímenes de información y elevara los umbrales de muchos otros. Ahora, las operaciones por debajo de los $50 millones están fuera del radar de ARCA. Sin embargo, todavía falta la modificación de la ley penal tributaria y la ley de procedimientos tributarios para así blindar a los contribuyentes ante futuras administraciones de gobierno.
“Creo que sería muy importante tener el apoyo de parte de ustedes para que este tipo de proyectos se traten en el Congreso, porque son realmente los que nos pueden ayudar a cambiar la Argentina y no tienen distinción política. De hecho, políticamente es absurdo que no lo estén apoyando, porque tuvimos 18 gobernadores que adhirieron al régimen y hoy se traba por cuestiones que son absolutamente ajenas al Poder Ejecutivo”, pidió Juan Pazo, el titular de ARCA, durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Para garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, y así preservar la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los consumidores en cada una de las 24 jurisdicciones, ARCA lanzó un convenio de intercambio de información para que adhieran las provincias. Aquellos gobernadores que todavía no se sumaron, perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima del umbral de $50 millones.
Para el funcionario, este es el único camino para que ingrese el dinero al sistema. “No hay otra, apoyen”, bromeó. También conocida como la ley para que los argentinos “saquen los dólares de abajo del colchón”, Pazo remarcó que lo más importante no es el Régimen Simplificado de Ganancias, sino la presunción de inocencia fiscal.
Y, en segundo lugar, mencionó que las cuestiones de impuestos “se arreglan con plata”. Esto le daría “tranquilidad para poder operar” a los contribuyentes y, si surgen conflictos con ARCA, se “resuelven con dinero y no con persecución penal”.
“Creemos que para poder bajar la presión tributaria necesitamos hacer que parte de estos fondos vuelvan a la economía, porque también creemos firmemente que una gran parte de estos fondos son provenientes del fruto de la actividad legal. Que si alguien ahorró por encima de US$200 no es un narcotraficante o un terrorista, sino que estaba protegiendo su ahorro. Bueno, eso era gran parte de lo que estábamos viviendo en la Argentina, culpa de un régimen que nos obligó a salir del sistema; y lo que estamos intentando es generar la oportunidad para que la gente vuelva al sistema», reforzó.
Para el titular de ARCA, el organismo es “claramente ineficaz” y tiene un “sistema soviético de persecución”. Los niveles de evasión del impuesto al valor agregado (IVA) son cercanos al 37%, similares a lo que se registraron durante la crisis de 2001. Además, 1000 contribuyentes equivalen al 50% de la recaudación nacional y 11.000 contribuyentes elevan la cifra al 70% de la recaudación, mientras que estiman que hay entre cinco y diez bases monetarias que están fuera del sistema.
“Es un organismo que tiene una administración que no es eficiente, no tiene aplicación de sistemas ni tecnología, no hubo inversión en tecnología en los últimos siete años. Cuando vos te juntás con los principales reguladores del mundo, te das cuenta de que la aplicación de tecnología es la clave de la recaudación”, mencionó.
La “motosierra” para alcanzar el equilibrio de las cuentas también pasó por ARCA. Según mencionó, hubo una reducción de más del 45% de las autoridades superiores, de más del 32% de su estructura, se cerraron 38 receptorías y se está quitando gran parte de los 450 cargos que se nombraron durante las últimas administraciones que “no tenían ningún sentido”.
“El superávit fiscal primario es lo que no se negocia de ninguna manera. Por eso, preguntas sobre percepciones, retenciones y demás tienen una respuesta clara: una vez que consolidemos el superávit fiscal primario, este Gobierno lo que va a seguir haciendo es reducir impuestos. Porque venimos reduciendo impuestos de manera consistente”, cerró Pazo.
