El Gobierno determinó este jueves que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) quedará disuelto en 30 días. La medida había sido anticipada hace poco más de un mes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó al organismo como «un antro de corrupción».
ENOHSA se ocupa de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país, a la vez que controla la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento.
Además, entre sus objetivos figuran promover la investigación y el desarrollo tecnológico y difundir la importancia del agua apta para consumo y del saneamiento.
Según el Decreto 1020/2024 del Poder Ejecutivo, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía instrumentará las medidas relativas a la transferencia de los recursos materiales y financieros de ENOHSA a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que según anticipó Caputo, será la encargada de culminar las obras empezadas.
Como argumento de esta medida, el Gobierno mencionó que “resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos”.
Al mismo tiempo, recordó las distintas medidas que la gestión de Javier Milei tomó desde el inicio para «ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan” y destacó que “resulta prioritario optimizar los recursos del Estado, asegurando la eficacia, eficiencia, economía y sencillez en la implementación de los objetivos estratégicos de la gestión”.
En definitiva, según los considerandos del Decreto, el Gobierno llegó a esta determinación “con el fin de garantizar una mejor utilización de los recursos del Estado y evitar la duplicación de funciones”.
Desde la cartera de Economía sostenían que el organismo «elude el control de gasto que hay en la Administración Central», y lo comparan con «los fondos fiduciarios y las Universidades».
«Se creó para hacer un par de obras y luego se dieron cuenta de que era un buen negocio. La Subsecretaría de Recursos Hídricos continúa funcionando. ENOHSA es una especie de duplicidad», señaló Caputo cuando anunció el cierre, el pasado 7 de octubre.
En esa ocasión, los trabajadores, que por ese entonces se contaban en más de 200, aunque advirtieron que ya se había recortado el 35% del personal, emitieron una dura respuesta.
Nucleados en Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), emitieron un comunicado en el que explicaron que «el organismo es el que gestiona y financia proyectos clave para asegurar el acceso al agua potable y a sistemas de cloacas en todo el país».
Hicieron hincapié, además, en que su trabajo es fundamental para llegar a «regiones vulnerables donde el sector privado no suele invertir».
«Cerrar el ENOHSA es un golpe brutal no solo para los trabajadores sanitaristas, sino para todos los argentinos que aún hoy no tienen acceso a agua potable y saneamiento. Desmantelan un organismo que históricamente ha garantizado un derecho fundamental. Las consecuencias serán gravísimas, sobre todo para los sectores más postergados», replicó José Luis Lingeri, secretario general de SGBATOS.
En el último mes, entre otras medidas que avanzaron en la misma dirección, el Gobierno anunció también la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de la culminación del plan Procrear.
