MADRID.- El gobierno español dio su visto bueno el martes a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin cambios salariales, sacando adelante una de las medidas emblemáticas de la coalición de partidos de izquierda liderada por el presidente socialista Pedro Sánchez, a pesar de la oposición de las asociaciones patronales. La medida todavía debe ser aprobada por el Congreso.
En su reunión semanal, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de las 40 horas actuales mediante un decreto ejecutivo redactado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder del partido de extrema izquierda Sumar, que gobierna con los socialistas. Díaz, que también es vicepresidenta del gobierno, hizo del plan de reducción de la jornada laboral para finales de 2025 un elemento central del apoyo de su partido a la presidencia de Sánchez.
“Es un día histórico” porque “han transcurrido más de 41 años” desde la última reducción de “la jornada laboral en nuestro país”, declaró en la conferencia de prensa la ministra de Trabajo. “La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país. No se trata de echar [acumular] horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo”, añadió Díaz.
”Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivo y más eficiente económicamente”, dijo Díaz a la prensa. “Es una medida que mejora la sociedad”, agregó.
El texto adoptado el martes por el Consejo de Ministros resulta de un acuerdo firmado el 20 de diciembre con los dos principales sindicatos de trabajadores, UGT y CCOO, pero sin las organizaciones patronales, que decidieron a mediados de noviembre abandonar la mesa de negociaciones, después de once meses de reuniones infructuosas.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que integra a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, ha dicho que aumentaría los costos de las empresas españolas y las haría menos competitivas. Su argumento es que la semana más corta no debe imponerse por ley, sino a través de la intermediación colectiva para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Estiman que no todos los sectores de actividad están en igualdad de condiciones y que una reducción generalizada de la jornada laboral podría debilitar a algunas empresas.
El argumento es rechazado por la ministra de Trabajo, que insistió en la solidez de la economía española, con un crecimiento de 3,2% el año pasado. “Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca”, sostuvo.
Tanto el Banco Central como el ministro de Economía han advertido que el aumento de los costos laborales podría disparar la inflación y frenar la creación de empleo.
Esta reducción en el horario afecta a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, principalmente en el comercio, los servicios gastronómicos y la agricultura, ya que las 37,5 horas (siete horas y media por día) ya se aplican en el sector público y en las grandes empresas.
Ahora, el principal desafío para el gobierno de Pedro Sánchez, que no dispone de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, consiste en convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad de la reforma. De hecho, la medida despierta reticencias en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, sobre todo, entre los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), dos formaciones aliadas del ejecutivo pero próximas a círculos empresariales.
Agencias AFP y Reuters
