Tan pronto como le den el alta hospitalaria, el activista mapuche Facundo Jones Huala deberá salir de Chile, y su familia ya expresó que volverá a la comunidad donde nació, en Argentina. Es tras la decisión del gobierno de Gabriel Boric de ordenar su expulsión de ese país.
El viernes, la Corte Suprema de Chile ordenó liberar al ex líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por considerar que estaba «ilegalmente privado de su libertad». La Justicia chilena manifestó que los tiempos de su sentencia ya estaban cumplidos en medio de su extradición desde Argentina y que entonces la sentencia ya se encontraba totalizada el pasado 14 de junio.
El fallo de la Corte Suprema chilena lo que hizo fue acoger un recurso de amparo presentado por la defensa de Jones Huala, y entonces ordenó la libertad inmediata del condenado por delitos de incendio y porte ilegal de arma de fuego cometidos en ese país en 2013.
Pero como había hecho una larga huelga de hambre, tras salir de la cárcel, el viernes, fue hospitalizado. Había peso y estaba muy desmejorado. Hasta este lunes a la mañana lo tenían conectado a un suero y le daban alimentos blandos. Sipo este diario que hasta la tarde del lunes seguía internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la sureña provincia de Cautín, en la Región de La Araucanía. Es la zona más caliente de la rebelión mapuche de Chile.
Jones Huala ya está sin grilletes y sin custodia. Es libre, informaron a Clarín sus abogados de La Gremial, Eduardo Soares y Gustavo Franquet, quienes confirmaron que ya le notificaron que se tiene que marchar de Chile. Y afirmaron que como es ciudadano argentino -38 años y nacido en Bariloche- no tendría por qué tener problemas para entrar aquí.
El sitio Bíobío Chile especificó que la orden de expulsión ya se había dado el 15 de julio pasado, pero ahora se hizo efectiva. Lo notificaron.
Sin embargo, para el ex líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) el panorama es totalmente distinto al de aquel activista que, en tiempos del kirchnerismo encabezaba piquetes y tomas de tierra al «capitalista extranjero». Por un lado, perdió liderazgo en su comunidad, y por el otro, gobierna Javier Milei con cuya ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo de la política dura una de sus banderas, también ante las tomas de tierra en la Patagonia por parte de grupos que se autodefinen como mapuches.
Tal como anticipó este diario el viernes, al acoger el recurso de la Defensa, el máximo tribunal de Justicia chileno dijo que a su juicio «esta Corte, aun cuando exista una discrepancia en el momento de término de la condena del amparado, lo cierto es que el cumplimiento de esta en territorio nacional es posible dada la extradición autorizada por la República Argentina, que tenía como supuesto un tiempo preciso a cumplir como saldo de condena, conforme se explicitó en el requerimiento de extradición”.
“El saldo de condena que el amparado debía cumplir conforme se estableció en las sentencias de extradición era de 1 año, cuatro meses y 17 días, a este periodo de tiempo se debe descontar el abono efectuado por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, correspondiente al tiempo que el amparado permaneció privado de libertad en Argentina durante la tramitación de la extradición, correspondiente a 11 meses y 5 días, lo que equivale a 341 días. Así las cosas, el saldo que al amparado le resta por cumplir es de 5 meses y 12 días, que corresponden a 162 días“.
También sostuvo que «se viene razonado la privación de libertad del amparado se ha extendido por un tiempo superior al cual el Estado de Chile se obligó, de manera que, como se ha indicado no es posible invocar normativa interna para desconocer aquello y hacerlo no solo configura un incumplimiento a tratados internacionales, sino que en el ordenamiento interno deviene en ilegal“.