Javier Milei se prepara para firmar un DNU para modificar la ley de ministerios. La Cartera de Seguridad cambiará de nombre y pasará a llamarse ministerio de Seguridad Nacional. Es más que un cambio cosmético. Patricia Bullrich absorberá nuevas competencias que hoy dependen de Defensa y otros ministerios y avanzará con un plan para intensificar la presencia de las fuerzas federales fuera del AMBA. La iniciativa, que ya está en Legal y Técnica, se oficializará en los próximos días.
“La idea es darle un rol más robusto al ministerio para que quede claro que está por encima de las provincias en algunos tópicos”, reveló a Clarín un funcionario al tanto de los cambios que están en proceso.
Bullrich recupera un poco de la centralidad perdida en la mesa política del Gobierno, como quedó demostrado el jueves con su participación en el encuentro entre el Presidente y el bloque de la UCR. Más allá de los simbólico, la ministra gana peso en el organigrama.
El flamante ministerio de Seguridad Nacional remite al Homeland Security de los Estados Unidos. Parece ser otra apelación a la ingeniería institucional y estética de Casa Blanca, tan cara al ideario de la gestión mileísta.
Con el decreto 1112/2024 que modificó la reglamentación de la ley de Defensa, Bullrich ya había avanzado como la primera responsable para coordinar el accionar de Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior para resguardar zonas o lugares estratégicos -como un aeropuerto o los yacimientos de Vaca Muerta- de posibles ataques terroristas.
Ahora, Bullrich será también la autoridad rectora del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), que en casos de crisis (climáticas y/o sociales) articula las acciones de los gobiernos provinciales y del Gobierno y del propio Ejército.
La ministra de Seguridad Nacional absorberá también el Sistema de Manejo del Fuego que hoy depende de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli en jefatura de Gabinete.
El cambio de estructura se produce cuando la ministra avanza con un plan de reformas de las fuerzas federales, en particular, de la Policía Federal (PFA). En la Cartera de Seguridad hablan hoy de incrementar la plantilla de investigadores para que pase del 15 por ciento al 40. Se trata, en parte de la vieja idea de la ministra avanzar con una suerte de FBI local, como propuso en la campaña.
Además buscan invertir el despliegue de los agentes, que hoy están apostados en un 60 por ciento en el AMBA. Quieren que el 70 por ciento del cuerpo de la PFA trabaje en el resto de las provincias.
Paralelamente y sin un horizonte claro en el frente legislativo, mientras dudan sobre la conveniencia de convocar a sesiones extraordinarias para votar los pliegos de los jueces de la Corte o para suspender las PASO, en algunos de los despachos más encumbrados de Casa Rosada avanzan con un ambicioso proyecto de ley de seguridad nacional que afectará la legislación vigente de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
En la mesa chica del Presidente afirman que trabajan en un borrador para que los equipos de Bullrich y del ministro de Defensa Luis Petri sumen sus aportes y donde no tendrá ni voz ni voto la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“El sistema de seguridad nacional es anticuado y tiene un marco normativo que no se condice con la actual situación. Hoy la amenaza más latente que existe son de grupos terroristas y el andamiaje jurídico argentino restringe el capital operativo para ese tipo de amenazas. La idea es adecuar todas las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, explicó un alto funcionario muy cercano al jefe de Estado y con oficina en Balcarce 50.
Sin demasiadas precisiones, en el Ejecutivo hablan, además, de actualizar las restricciones que tienen los agentes de la SIDE para actuar en el exterior, porque señalan que están más restringidos por las leyes nacionales que por las extranjeras.
Paradójicamente y de cara año electoral, el músculo legislativo del oficialismo parece trabado. Las modificaciones de leyes de Defensa, Seguridad Interior y el combo antimafia siguen empantanados en el Congreso.
