El Gobierno reconoció que el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que maneja una caja de $185 mil millones y es administrado por una delegada de Santiago Caputo, contrató por más de $20 millones al mes a un estudio de abogados luego de hacer caer en 2024 el vínculo con una universidad para, en teoría, intentar abaratar costos.
Esta información, que confirma un adelanto de Clarín, forma parte de la respuesta del Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública realizado por el diputado Juan Manuel López. El representante de la Coalición Cívica hace tiempo propone liquidar el régimen de beneficios a las fábricas de Tierra del Fuego y el mencionado fondo fiduciario, obligar a las ensambladoras a pagar todos los impuestos y liberar el mercado de electrónicos para, así, abaratar los precios para los consumidores.
El Fondo, uno de los pocos que ha evitado la motosierra de esta administración, es presidido por Noelia Ruiz, una ex diputada provincial del PRO que supo anudar relación con el sobrino segundo de «Nicky Caputo». En teoría desempeña el cargo «ad honorem», al igual que otros dos directores, pero sí cobra como directora del ARSAT.
La cuestión es que internamente se han generado distintas polémicas por designaciones en el FAMP y por el contrato el buffet HSR Abogados para realizar auditorías que, hasta comienzos de 2024, realizaba la Universidad de Tres de Febrero (Untref). Respecto al primer ítem, la respuesta oficial a López no da precisiones sino que reconoce contratos «bajo la modalidad de locación de obra”. El vínculo con el estudio tiene vigencia hasta el próximo 7 de octubre «por un total de $20 millones más IVA». Sin embargo, no se informa cuál fue el proceso de selección aplicado para la elección de ese proveedor.
La respuesta oficial no da cuenta de todos los estados contables del Fondo desde su constitución a la fecha y también omite informar qué proyectos financió y cuál tiene previsto solventar este año. Según lo informado por este diario, en la última reunión del directorio del FAMP de fin de 2024, fueron aprobados varios proyectos, entre ellos dos que pertenecen a Mirgor: un puerto en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia.
Al ser consultado por el patrimonio actual del FAMP, Economía aduce que «al cierre del ejercicio 2024 era de $185 mil millones». El BICE, que depende esa cartera y maneja el fondo fiduciario, cobró durante el año pasado casi $5 mil millones por sus servicios.
Al ser consultado por las inversiones del Fondo, se informan inversiones financieras por más de $200 mil millones en diversos instrumentos financieros. La compra de títulos públicos (Bonos y Letras del Tesoro y del BCRA) alcanzaron al cierre del ejercicio 2024 los $91 mil millones. «Esto da cuenta de que el Fondo es utilizado para mejorar el resultado de las emisiones de deuda del Tesoro y del BCRA», aclara López que, no obstante, llama la atención en que el Ejecutivo evitó responder porque dejó a la entidad fuera de la liquidación de los fondos fiduciarios a los que el propio Javier Milei identificó como «cajas de la política».
El FAMP había sido creado durante la gestión del entonces ministro Matías Kulfas (Producción): las empresas electrónicas y aquellas beneficiadas con las exenciones impositivas en la provincia austral contribuyen a un fideicomiso creado para estimular inversiones, como puertos o generadoras eléctricas. El patrimonio del mismo se constituye mayormente con parte de los recursos que las firmas recaudan por no pagar el IVA por la venta de los productos manufacturados. Y prevé gastos administrativos de hasta el 3% de su patrimonio.
Por eso el directorio del FAMP también tiene una misión importante: controlar los reportes que envían periódicamente las empresas beneficiarias con el régimen impositivo referidos al destino del «ahorro» de una parte de lo recaudado que, en teoría, deben volcarlo a inversiones productivas.
