El Gobierno calculó que se ahorró en 2024 alrededor de unos US$4412 millones -US$367 millones por mes- por el recorte de 37.595 puestos de trabajo en el sector público nacional, principalmente en la Administración Pública, uno de los sectores que -creen en Casa Rosada- más había engordado en personal durante la última década.
Así surge de un trabajo elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, donde tienen en claro que los recortes continuarán, incluso con más profundidad, durante este año.
El documento adelantado a LA NACION estimó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, la reducción del 7,5% en el personal del sector público, equivalente a 37.595 puestos de trabajo, proviene de distintos sectores. “Al desglosar los datos, se destacan las caídas en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. En este período, la APN redujo su personal en un 10,8%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 13,6%”, agregaron.
Vale aclarar que se trata del segmento nacional del empleo público, ya que la mayoría se encuentra en provincias y municipios. De hecho, en noviembre de 2024, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hay 3.420.000 de empleados públicos. Desde que asumió la gestión libertaria, este segmento se achicó 1,45%, cambiando la tendencia que tuvo el empleo público en los últimos años. Allí hay, según esos datos, 50.000 empleados menos.
Según los técnicos de la cartera de Sturzenegger, durante el primer año de gestión de Milei, se observó un descenso en los diversos tipos de vinculación laboral en el sector de la APN. Con relación a los empleados de planta permanente y transitoria, se registró una caída del 4,8%. En tanto, el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho más pronunciados, con reducciones del 18,3% y 54,9%, respectivamente, según explicaron los técnicos en su informe.
“Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, la reducción en el personal del sector de APN generó un ahorro total a largo plazo de US$4412 millones de dólares. Esto equivale a un ahorro promedio mensual de largo plazo de aproximadamente US$367 millones”, indicaron en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y precisaron que el recorte se manifestó de manera más pronunciada en los contratos regidos por la Ley Marco, con un ahorro total de US$2118 millones. En cuanto a la modalidad permanente y transitoria, el ahorro total alcanzó los US$1533 millones, mientras que en la modalidad de contratos LOYS fue de US$761 millones.
“Para calcular el ahorro total a largo plazo, se utilizó el salario promedio ponderado de diciembre de 2024 según el tipo de contratación. Para ello, se utilizaron los datos de salarios del Informe Trimestral de Ocupación y Salarios. En primer lugar, se calculó el salario promedio ponderado para cada categoría de empleo según la participación de los empleados en cada rango salarial”, sostuvieron y agregaron: “Luego, se calculó el salario anual de cada categoría de empleo, se convirtió a dólares y se multiplicó por la cantidad de personas que fueron desvinculadas en el período analizado, obteniendo así el ahorro anual por estos despidos. Finalmente, se aplicó el concepto de perpetuidad para estimar el valor de los salarios futuros que no se pagarán más y se utilizó una tasa de descuento del 10% para obtener su valor actual”.
“Durante el primer año de gestión de Milei, la reducción del personal en el sector de APN ha generado un ahorro significativo de US$4412 millones. Esta medida demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”, indicaron.
En octubre pasado, el Gobierno había ya adelantado que ahora era el turno de la “deep motosierra”. En ese sentido, que se venían exámenes para 40.000 empleados públicos y que el Gobierno avanzaría en el cierre de organismos.
Para el examen, en diciembre, el Gobierno contó que los empleados deberán obtener un turno. Se le asignará un código al trabajador con el que será identificado para preservar el anonimato. Luego del multiple choice, el postulante sabrá si aprobó o reprobó. El examen, dijeron en el Gobierno, no busca dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. Contiene entre 20 y 24 preguntas que testearán el razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales, tales como jardineros, por ejemplo.
Hasta el momento, contaron a LA NACION, lo dieron unas 14.000 personas con una tasa de reprobación del 5%.
Por otra parte, Sturzenegger está trabajando en la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que desaparecerán, se achicarán o se fusionarán. El Gobierno todavía no definió la fecha en que las nuevas normas comenzarán a salir a la luz. Es un decreto que están preparando. “Está la decisión política para avanzar, pero no está definido ni el plan de trabajo, ni el listado de organismos”, dijeron semanas atrás a LA NACION en Casa Rosada.
La ola de disoluciones de organismos, según confirman en el Gobierno, deberá concretarse dentro de los próximos 12 meses. Ese es el plazo de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Javier Milei para firmar esos decretos. Un ejemplo fue esta semana, el cierre de la Secretaría de Vivienda. Allí quedaron 400 personas en lo que se llama disponibilidad. Esto es, si son de planta, tienen un año para reinsertarse y si ningún otro organismo público los pide, el Gobierno los echa y los indemniza, tal como impone la Ley de Contrato de Trabajo.