El Procrear no termina simplemente con la disolución del programa creado en 2012 durante la Presidencia de Cristina Kirchner. Un tema central es qué va a pasar con las viviendas que no se llegaron a entregar o que todavía estaban en construcción. La respuesta: se venderán 18.335 casas, según la voluntad actual del Gobierno.
Como se estableció en el Boletín Oficial, el Tribunal de Tasaciones de la Nación les pondrá precio y el Estado podrá transferirlas a provincias, municipios o directamente volcarlas al mercado inmobiliario.
La norma que eliminó la vigencia del Procrear y que lleva la firma de Javier Milei indica que el Ministerio de Economía “podrá acordar la transferencia de inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y a otros organismos del Estado nacional”.
Un comunicado oficial de la cartera dirigida por Luis Caputo fue mucho más específico sobre el destino de las viviendas. “Se fomentará la venta de los terrenos del Fondo disuelto para que las viviendas terminadas -o en obra- puedan ser introducidas al mercado y vendidas para ampliar la oferta”, explicó.
Esto significa que el Gobierno podrá repetir el esquema de negociación con los gobernadores por el traspaso de la obra pública a sus jurisdicciones. Pero a su vez, el Ministerio de Economía abrió otra ventana y manifestó que intentará vender las viviendas, ya que es más fácil encontrar compradores para ellas que para un puente.
De acuerdo con datos oficiales, quedaron sin adjudicar y en obra o finalizadas unas 18.335 viviendas del plan Procrear. La mayoría se encuentra en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en territorio bonaerense se ubican 10.561, que equivalen al 57,6% del total.
Un dato curioso sobre la distribución territorial de las viviendas bonaerenses del Procrear es que el municipio con la mayor cantidad de proyectos pendientes de entrega es Avellaneda, a cargo del intendente Jorge Ferraresi, quien durante la gestión de Alberto Fernández estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, responsable de la ejecución de este programa.
En la resolución oficial, el Gobierno expresó que el Procrear “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente en la atención del bien común, generando gastos innecesarios al erario público”. Citó un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que estudió el funcionamiento del extinto plan. Dicho trabajo habría dado cuenta de la “demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual genera mayores gastos de mantenimiento, vigilancia y gastos de expensas, que podrían haberse evitado de entregarse en tiempo y forma los desarrollos urbanísticos tal como lo preveía el plazo de finalización de obra”.
Según datos de la Dirección Nacional de Inversión Pública, en 2022 el Procrear demandó recursos del Estado equivalentes a $109.177 millones. En 2023, la cifra bajó a $102.436 millones. Y el recorte más marcado se observa este año en el que se devengaron $81.461 millones. Y si bien se desconoce el plazo original de finalización de las obras, el informe de la Sigen relevó que en diciembre de 2023, cuando comenzaba la gestión libertaria, 89 complejos de viviendas presentaban un avance físico menor al 30%. De ellos, 50 complejos registraban un nivel de trabajo menor al 11%.
La decisión del Gobierno despertó el rechazo del arco kirchnerista. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que “quedan abandonadas miles de viviendas en construcción”. Además, publicó en redes: “El gobierno de Milei festeja cada vez que le quita derechos al pueblo. El Procrear fue uno de los planes de crédito para vivienda más exitoso y virtuoso”.
El que le respondió fue el actual secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar, quien consideró que el Estado es la “desarrolladora más grande del país, ineficaz e ineficiente”. Según números del funcionario, “el Procrear desde su creación generó un promedio de 1700 viviendas y 12.000 créditos por año. Es decir, lastimoso como respuesta del Estado”.
