El Gobierno de Javier Milei se apresta a emitir una nueva reglamentación de la Ley de Defensa, con la que busca darle a las Fuerzas Armadas una mayor intervención en asuntos de seguridad interior. La nueva normativa prevé una “actuación coordinada” de los militares y las fuerzas de seguridad en las fronteras; definir el cuidado de infraestructuras estratégicas y un cambio en las funciones del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas.
La nueva reglamentación, en la que se empezó a trabajar con la llegada de la gestión mileista y el desembarco de Luis Petri como ministro de Defensa, está a poco de ser publicada en el Boletín Oficial, dijeron a Clarín fuentes castrenses.
Le dará un giro drástico al decreto 727 del año 2006, que firmó Néstor Kirchner para reglamentar la ley de Defensa (1988) y que delimita el rol de las Fuerzas Armadas a la defensa de la nación frente a ataques no solo provenientes del extranjero, sino de Estados, identificados como tales.
Según el decreto 727, vale repetirlo: las FF.AA. solo actúan contra agresiones de naciones extranjeras. Nada de amenazas terroristas o narcotráfico. Salvo apoyo logístico, contemplado en la Ley de Seguridad Interior (1992), la otra «pata» del sistema que separa taxativamente Defensa nacional, de la Seguridad Interior.
En los vaivenes de los últimos años y la discusión del rol de los militares, el gobierno de Mauricio Macri derogó ese decreto 727 y le dio más juego a las FF.AA; pero en 2020 en el gobierno de Alberto Fernández se dejaron sin efecto los cambios del macrismo para volver a aquella normativa de 2006.
Ahora el gobierno de Milei vuelve a inclinar el péndulo en dirección contraria. “Con la modificación y derogación del Decreto 727, las Fuerzas Armadas se podrán desplazar en zonas de seguridad en frontera, en complementación con las fuerzas de seguridad y en cooperación con los países limítrofes”, había anticipado el ministro Petri a mediados de octubre, durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas, en Mendoza.
Como Clarín informó en aquel momento, Petri espera la firma de esta nueva norma para desplegar tropas del Ejército a las fronteras con Paraguay, Bolivia y Brasil en tareas de “control y vigilancia” en zonas donde no haya puestos fronterizos a cargo de la Gendarmería Nacional.
En ámbitos castrenses afirman que este inminente decreto sobre el rol militar corre por carril paralelo a otra iniciativa del Gobierno, el proyecto que modifica la Ley 24.059, de Seguridad Interior, incorporando la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo.
Narcotráfico y terrorismo
Esta iniciativa se debatió en los últimos meses en la Comisión de Defensa de Diputados, en reuniones informativas. A una de estas concurrió Petri, enrolado en la postura de flexibilizar el empleo del instrumento militar para combatir el narcotráfico y el terrorismo. El proyecto legislativo no avanzó más allá de las exposiciones informativas, este año en Diputados. Y hubo firmes prevenciones de altos jefes militares, como el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Martín Paleo, advirtiendo de tener «cuidado de liberar al Rottweiler».
El decreto que verá la luz en las próximas horas, se da poco después de que la semana pasada fuera desplazado el general Fabián Jorge Berredo como Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto, luego de difundirse la denuncia penal que presentó ante el juez Daniel Rafecas contra el subjefe del Ejército, Carlos Carugno. Como Clarín contó días pasados, Berredo denunció que había sido amenazado por Carugno con echar a su esposa del Hospital Militar (es una coronel médica) si él no renunciaba a su cargo. Berredo le apuntó al jefe del Ejército, Carlos Presti, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la movida para desplazarlo.
Este lunes se conoció el decreto de reemplazo de Berredo por el general de brigada Cristian Pablo Pafundi. Este general viene de ocupar el cargo de director general de Material del Ejército, y fue agregado militar en los Estados Unidos.
El general Berredo, enfrentado con el jefe del Ejército, Presti, había perdido apoyo político. Berredo se inscribía en la línea castrense que rechaza la «policialización» de las Fuerzas Armadas. En exposiciones al ministro propugnaba una solución «compleja» y bastante «sofisticada» -dicen fuentes consultadas- a los problemas de seguridad, incluyendo a las FFAA dentro de un abordaje «interagencial». Y siguiendo órdenes de un juez federal. Temen que los militares queden de pato de la boda de un desaguisado.
«Duplicar roles policiales es reforzar un fracaso, y desnaturalizar peligrosamente el empleo militar», le habría expuesto el desplazado Berredo al ministro. Una afinidad con la teoría del Rottweiler del general Paleo.
En fuentes militares aseguran que Petri quería tener al nuevo comandante -el general Pafundi- ahora que cambian las funciones del comando Operacional -está por verse en la nueva norma, cuyos detalles no trascendieron-, dentro de la nueva reglamentación de la ley de Defensa.
El Comandante Operacional es el cargo operativo más relevante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para muchos, un número dos de las Fuerzas Armadas. Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz a los operativos electorales, y hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19.
