Antes de que venza el plazo de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, el Gobierno publicó una serie de decretos que desregulan el sistema eléctrico y habilitan la libre comercialización entre privados. El Poder Ejecutivo estableció un período de dos años para adaptar el mercado a un esquema en el que las empresas y distribuidoras de electricidad podrán adquirir su propia generación, sin depender de Cammesa, la compañía controlada por el Estado.
A través del decreto 452/2025, también se oficializó la creación del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplazará a los actuales organismos de control del gas (Enargas) y de electricidad (ENRE). “La creación del ente único permitirá eliminar estructuras duplicadas y fortalecer la coordinación regulatoria sobre servicios públicos esenciales como el gas natural y la electricidad”, dijo la Secretaría de Energía.
Según la cartera energética, estas medidas apuntan a conformar un mercado eléctrico competitivo, abierto y transparente. “Durante 20 años, el Estado gastó más de US$105.000 millones para sostener un sistema eléctrico ineficiente, manipulado y cerrado, que desincentivó la inversión”, indicaron en un comunicado oficial.
El cambio más relevante es que marca un sendero para el restablecimiento de la posibilidad de firmar contratos de compraventa entre privados, tras su prohibición en 2013, en el marco de la crisis energética. Las generadoras térmicas, por ejemplo, podrán adquirir directamente los combustibles -gas, fueloil o gasoil- sin pasar por Cammesa.
Al mismo tiempo, empresas, distribuidoras y grandes usuarios tendrán la opción de elegir libremente a sus proveedores de electricidad. “Los consumidores podrán decidir con quién contratar su energía, sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas”, afirmó la Secretaría.
Otro punto relevante es que se prohíbe incluir en las facturas de electricidad tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente prestados.
Asimismo, se avanza en la desregulación parcial de la expansión de la red de transporte eléctrico. “Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de infraestructura, promoviendo la inversión privada y habilitando la libre iniciativa a propio riesgo”, indicó la Secretaría.
El decreto 450/2025, también publicado hoy en el Boletín Oficial, aprueba adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), y fija un período de transición de 24 meses. Durante ese plazo, deberá actualizarse la normativa complementaria y garantizarse una implementación “gradual, ordenada y previsible” de la transformación.
“Es una reforma integral de las leyes, pero bastante minimalista”, opinó Javier Constanzó, abogado especializado en el sector energético y socio del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani. “No hay un cambio sustancial en los lineamientos de las leyes vigentes. Se abre ahora un período de 24 meses en el cual la Secretaría de Energía dictará nuevas normas, que también están alineadas con los lineamientos de Cammesa. Y, además, el Poder Ejecutivo deberá emitir un decreto reglamentario”, agregó.
Constanzó también detalló el alcance de los decretos, los primeros en modificar las leyes energéticas desde su sanción.
“En transmisión, se incorpora la posibilidad de que las ampliaciones se realicen por iniciativa privada y bajo el régimen de la Ley de Concesiones, en línea con el plan de expansión que está impulsando el Gobierno. Además, si corresponde, se permitirá trasladar la tarifa del concesionario, algo que antes no estaba previsto”, explicó.
Finalmente, destacó que también se introducen cambios relevantes a la Ley 24.065, que incorpora la figura del almacenador. Esto adquiere especial importancia en el contexto de la licitación de AlmbaGBA, actualmente en curso.
