Luego del último aumento del 29 noviembre pasado y, a través de la Secretaría de Energía, el Gobierno fijó un nuevo incremento del 2% para el biodiésel, a $1.085.887 la tonelada. Así se publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución que lleva la firma de la titular de esa cartera María Carmen Tettamanti.
Según explicaron, este es el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de enero de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. Para el Gobierno, “resulta necesario atender en el contexto actual, fijando excepcionalmente un precio que se ajuste a dicha necesidad”.
En los considerandos, el Gobierno destacó que la posibilidad que tiene “de efectuar modificaciones en el procedimiento previsto en la norma, tanto en los casos en que se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dicho precio pueda generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor, esto último lo cual resulta necesario atender en el contexto actual, fijando excepcionalmente un precio que se ajuste a dicha necesidad”.
La normativa indicó que el plazo de pago del biodiésel no podrá exceder, en ningún caso, los siete días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.
Para Claudio Molina, analista de bioenergías y ferrocarriles, el aumento establecido por la Secretaría de Energía, de un poco más del 1,9 %, con relación al precio anterior de diciembre pasado, “resulta exiguo para la economía de las empresas productoras de biodiésel que abastecen el mercado interno”.
“A las compañías del sector les deja, con relación al costo del aceite de soja que adquieren en el mercado interno, un margen que no cubre adecuadamente todos sus costos, más aún tomando en cuenta que tienen elevados costos financieros”, dijo a LA NACION.
Ya en noviembre pasado, antes de la anterior autorización de aumento, las pymes elaboradoras de biodiésel, que abastecen con su producto al mercado interno, habían enviado una carta a Tettamanti, para exponer la crítica situación que atraviesa la industria: allí aseguraron que los precios regulados por el Estado están desactualizados frente a los costos reales de producción.
En el sector remarcaban que esto había generado serias dificultades financieras para las plantas productoras que se han visto en la obligación de parar su producción y alertaban que, de seguir así, podría haber suspensiones de personal y desabastecimiento en los surtidores.
LA NACION