El gobierno de Javier Milei finalmente apeló este jueves el fallo de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien ordenó al estado argentino entregar del 51% de las acciones de YPF a los fondos –Burford y Eton Capital-, los demandantes en el juicio iniciado por la estatización de la compañía petrolera, realizado en 2012.
La presentación de la apelación, difundida por Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, busca llevar el caso a la segunda instancia en la justicia estadounidense, y es uno de los recursos a los que recurrieron los abogados del estado argentino para intentar revertir las consecuencias del fallo de Preska.
Días atrás, el Gobierno argentino había presentado un escrito ante la justicia de EE.UU. para frenar el fallo de Preska. En ese documento, los representantes solicitan a la jueza suspender la aplicación del fallo hasta que la Cámara revisora se expida sobre esa cuestión, y argumentan que la ejecución de la sentencia dispuesta generaría un “daño irreparable” para el país.
En su fallo del 30 de junio, Preska ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF en un plazo de 14 días, como parte de pago de la indemnización de US$16.100 millones más intereses, que dispuso al momento de dictar su sentencia, en 2023.
En paralelo, los abogados del Estado argentino diagramaron la apelación, que llevaron finalmente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde buscarán revertir la decisión de Preska. Los demandantes -Burford y Eton Capital- también harán su presentación, pero en sentido inverso: buscarán que además del Estado argentino, la justicia estadounidense también se incluya a YPF como responsable de la estatización. En su fallo, Preska eximió de responsabilidades a la empresa.
Burford Capital -el megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho- adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF.
En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Congreso tomó control de YPF tras aprobar la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF SA, que en ese entonces era accionista mayoritaria. En total, se desembolsaron US$5371 millones, pero los otros socios de la compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para vender el resto de las acciones al Estado argentino, a la vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. Esto, argumentan los demandantes, provocó una caída en el valor de sus acciones.
En este contexto, la jueza Preska determinó en primera instancia que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país debe pagar una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
