«Afuera, seguimos con la motosierra», disparó Javier Milei en X al hacerse eco del anuncio del ministerio de Salud sobre la cancelación de 1400 contratos en distintos establecimientos asistenciales. A dos semanas de los despidos en el área de Derechos Humanos, los gremios estatales se preparan para resistir y temen nuevas cesantías en Justicia, Capital Humano y organismos como el INTA.
En ATE y UPCN, con todo, se mostraron sorprendidos por el anuncio que pasado el mediodía difundió la cartera conducida por Mario Lugones a través de sus redes sociales. Es que sólo tenían conocimiento de unas 130 bajas de contratos en el Hospital Nacional Baldomero Sommer por un listado informado el martes en el centro ubicado en General Rodríguez.
Lo cierto es que Salud este miércoles informó que la medida se tomó «en el marco de reestructuración que se está llevando adelante en función del reordenamiento de sus competencias y del redireccionamiento de las políticas sanitarias» y que las no renovaciones incluyen al PAMI, al Instituto Nacional del Cáncer, Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, ANDIS, ANLIS – Malbran, ANMAT, Inareps, y los hospitales Español, Bonaparte, Sommer, Posadas, René Favaloro y Cuenta Alta.
Los delegados sindicales fueron citados este jueves por la tarde en la sede ministerial ubicado en avenida 9 de Julio y Moreno donde, al parecer, se le darían mayores precisiones sobre el plan de ajuste. «No tenemos un desglose de los supuestos despidos. Veremos en la reunión. Pero sí es cierto que hay versiones de salidas en otros ministerios, como en Niñez y Familia de Capital Humano», explicó una fuente de UPCN consultada.
En ATE también comparten la preocupación y recuerdan las cesantías recientes en la ex ESMA, en Justicia, donde aseguran podrían volver a notificarse salidas, los 10 brigadistas despedidos de Parques Nacionales mientras un sector de la Patagonia se incendia, y están atentos a las probables reestructuraciones de organismos como el INTA o Fabricaciones Militares, donde recientemente hubo un plan de retiros. También alertan por la probable desinversión en el área de ciencia y tecnología, como la Conae.
Flavio Vergara, delegado paritario de ATE, confirmó que hasta ahora solo se conoce un listado en el hospital dedicado a cuidados paliativos del oeste del GBA. «Son trabajadores que cumplen tareas, no hay nada extraño. Del resto no tenemos precisiones. Tenemos como antecedente lo que sucedió en el Hospital Bonaparte y como pasó antes, vamos a resistir esta oleada de despidos», dijo a Clarin. El gremialista destacó que se trata de personal que cumplió labores destacadas durante la pandemia y ahora es cesanteado. «Es por ajuste, no hay razón sanitaria que lo explique», agregó.
En los gremios, de todos modos, saben que la gestión de Lugones eliminó unas 10 coordinaciones nacionales, como la de la lucha contra la tuberculosis, y que esa reforma podría tener derivaciones en una eventual poda de personal administrativo. Y estiman que el Gobierno, conforme a los sucesivas modificaciones ministeriales, cambió de estrategia: de evaluar transferir los hospitales a las provincias ahora estudia un «vaciamiento» de las competencias de los mismos.
Como sea, el comunicado de la cartera sanitaria da cuenta de que la reestructuración se suma «al recorte del 30% de cargos políticos realizados durante los primeros días del año y que no afecta el normal desarrollo de las funciones» del ministerio. Insistieron, además, que la medida buscaría garantizar «la transparencia en la gestión».
Fuentes del ministerio señalaron, además, que la actual gestión detectó «varias situaciones de irregularidad vinculadas a la duplicación de funciones, el incumplimiento de tareas y la contratación de personal durante la gestión anterior».
En octubre pasado el Ejecutivo había anunciado el cierre del Hospital de Salud Mental Bonaparte, pero la medida derivó en manifestaciones masivas, un abrazo simbólico a la institución y hasta marchas en la Plaza de Mayo. Finalmente, desde el Gobierno dieron marcha atrás con la decisión y avanzaron con cambios. Pero ahora profundizaron el ajuste con la no renovación de cargos.
Fuentes oficiales señalaron a Clarín que «los contratos no renovados son de personal contratado durante la gestión de Alberto Fernández, entre 2021 y 2023». Adujeron además que durante los cuatro años de la administración del FDT ingresaron 326 nuevos trabajadores. «Tiene recursos como para un hospital de alta complejidad pero en la práctica funciona como una sala de atención básica», remarcaron.
