El Gobierno estudia la posibilidad de dejar caer el precio del dólar tarjeta a partir de enero próximo, en plenas vacaciones, cuando deje de existir el impuesto PAIS, creado al comienzo del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.
Semanas atrás, tanto en el Banco Central (BCRA) como en el Ministerio de Economía apuntaban a encontrar alguna compensación a la caída de ese gravamen, que aumenta un 30% el valor del dólar turista o tarjeta, el que se usa para calcular los pagos con tarjeta de crédito en el exterior. Se pensaba en subir alguna percepción impositiva desde la AFIP.
Sin embargo, el “veranito” financiero cambió la visión dentro del Gobierno. ¿Cuál es contexto? El blanqueo, que hizo subir con fuerza los depósitos (saltaron más de US$15.000 millones y esas divisas recirculan en el mercado a través del endeudamiento de privados y los préstamos bancarios), las mejores liquidaciones del campo, la compra de reservas en un mes atípico por parte del BCRA y el clima internacional con la rebaja de tasas de la Reserva Federal, entre otras condiciones, a las que se suman la baja de inflación, un leve repunte de la economía y meses de superávit.
En ese marco, los dólares “libres”, el Contado con Liquidación y el MEP, bajaron con fuerza, un 23% en promedio desde que el Gobierno comenzó a esterilizar las compras de reservas, lo que (sumado al dólar blend) tuvo como contracara la agregación de oferta en el mercado financiero y una ralentización en la acumulación de reservas netas en el BCRA. El blue cayó incluso más: se desplomó un 32% desde mediados de año. Todos se mueven en torno a los $1130.
Esa fuerte caída de los dólares -y de la brecha cambiaria- motivó al Gobierno a repensar la estrategia con relación al dólar tarjeta. Resulta que actualmente esta cotización (la más alta del mercado, $1630) quedaría en alrededor de $1300 al quitarle el Impuesto PAIS. Esto implica que todavía mantendría una brecha significativa con los dólares financieros y el blue. ¿Por qué es importante esa brecha? Es que quienes viajan al exterior seguirían comprando blue o MEP -depende si usan pesos formales o informales- para pagar los gastos con la tarjeta en el exterior. Esta estrategia no le quita reservas al BCRA. Si el dólar tarjeta quedara muy cerca de los dólares financieros o del informal -blue- y el consumidor siente que prefiere pagar sus servicios con la tarjeta de crédito, estaría absorbiendo divisas de las reservas.
Además, el Gobierno dará señales al mercado de que el equipo económico no avala un tipo de cambio oficial -como el tarjeta o turista- en los $1600. No habrá devaluación. De hecho, el dólar que tiene Caputo en la cabeza está cerca de $1110. Hacia allí confluyen las distintas cotizaciones. La brecha hoy entre oficial y CCL es 16%. Esta definición se da también cuando desde el Gobierno niegan un atraso cambiario, mientras algunos economistas afirman que el dólar barato puede convertirse en un problema para la competitividad.
Hoy, muchos turistas que deciden viajar al exterior llevan directamente billetes comprados en el MEP o en alguna “cueva” o pagan con tarjeta haciendo un stop debit -de acuerdo con el caso- y abonan con dólares en cuenta (comprados al MEP).
El precio del dólar tarjeta se compone del dólar oficial, más un 30% de impuesto PAIS y un 30% de percepción del impuesto a las ganancias (esta última se devuelve, generalmente licuado, un año después). Eso da hoy unos $1630. Esta fórmula quedó así a mediados de diciembre pasado, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció sus primeras medidas. Al cierre de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el dólar tarjeta llegó a costar casi un 150% más que el dólar oficial gracias a los impuestos y percepciones de distintos gravámenes que fue acumulando.
El impuesto PAIS, creado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, dentro de su ley “ómnibus” -de Solidaridad y Reactivación Productiva- dejará de existir el primer día de enero. Es el único gran impuesto que, por ahora, se eliminará según el proyecto de presupuesto 2025 enviado por el actual equipo económico al Congreso. Su desaparición implicará un fuerte golpe para el erario público: se había convertido en el quinto impuesto de mayor recaudación en 2024. Pero se trató de una promesa de Caputo, que lo había subido y ampliado su alcance en diciembre. Ya en septiembre eliminó esa suba.
Esa baja fue motivo de debate, incluso, entre algunos “aliados” del oficialismo que recomendaron que la reducción del 10% de la alícuota a ese gravamen al acceso al dólar podía empujar una devaluación en la misma magnitud para reducir el atraso cambiario sin tener un impacto significativo en el proceso de desinflación. La idea no cuadró. Es probable que esa especulación -insinuada por Domingo Cavallo- reaparezca en enero. Sin embargo, el Gobierno seguramente vuelva a negarse a esa posibilidad teniendo en cuenta que el proceso de desinflación es su principal bandera y lo seguirá siendo, sobre todo, en un año en el que el presidente Javier Milei deberá enfrentar sus primeras elecciones legislativas en el poder.