El recorte prometido en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará antes de lo esperado. Cuando el Gobierno disolvió la AFIP, dispuso que el fisco tenía tiempo para reestructurarla hasta el 22 de enero. Sin embargo, el cronómetro libertario aceleró y en diciembre el organismo buscará presentar su nueva nómina, con 3100 empleados menos que a principios de año.
Fuentes de la exAFIP involucradas en la transformación del fisco indicaron que el diseño de la reforma del organismo estará listo en las próximas semanas para que el presidente Javier Milei lo apruebe definitivamente. “Ahí vendrá un recorte realmente grande”, anticiparon. De hecho, esta semana el Gobierno se mostró en Casa Rosada con un modelo renovado de la motosierra. En el caso de ARCA, tal cual adelantaron, buscarán desarmar “una caja política” que, entre otras cosas, enfrenta la resistencia de funcionarios investigados por presunta corrupción, pero que siguen en planta permanente. El caso más destacado es el de su ex-titular, Ricardo Echegaray.
La AFIP comenzó el año con 22.028 empleados, de acuerdo con cifras del Indec. Hasta el momento, el ajuste totalizó 1500 desvinculaciones y en el horizonte de ARCA asoman otras 1600 como parte de la reestructuración impulsada por el Gobierno. Es decir, la reducción de la planta que planean las nuevas autoridades del fisco para las próximas semanas será más grande que la registrada en lo que va de 2024.
De hecho, indicaron que el fisco terminará el año con un ahorro de US$100 millones en el año. Esta es la diferencia del gasto público que estaba previsto para el organismo y el que finalmente terminará erogando cuando concluya 2024.
Según las cifras que se manejan en despachos públicos, “el congelamiento salarial” desde marzo pasado generó un “ahorro de $66.000 millones”. A su vez, la disminución del 16% de los cargos jerárquicos y la reducción del plus que recibían los altos mandos como directores, subdirectores y administrativos evitaron gastar otros $35.000 millones.
Esto se suma a la reducción de la Cuenta de Jerarquización, compuesta por el 0,65% del importe de la recaudación, y que se repartía entre el personal del fisco. Esto hizo que el salario de la directora de ARCA pase de más de $30 millones a unos $4 millones, según aseguró el Gobierno. Además, describió que esto también aplicó para los directores de las áreas del organismo, cuyos ingresos superaban los $17 millones. “Ahora van a pasar a cobrar sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros o los secretarios de Estado”, explicó el Gobierno.
Actualmente, trabaja un tridente compuesto por Florencia Misrahi, quien fue la última directora de AFIP y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de ARCA, y “los Andreses”. Ese es el binomio que se incorporó. Por un lado, Andrés Vázquez fue designado al frente de la Dirección General de Impuestos (DGI), y José Andrés Velis dirige la Dirección General de Aduanas (DGA). De esta manera, en el fisco conviven una “vieja y nueva guardia” que son las que terminarán de definir su reestructuración.
Los destinos de la motosierra anunciada parecen presentar algunos indicios. “La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos”, sostuvo el Gobierno. Este último punto encendió alarmas, ya que, tras los movimientos internos, pueden comenzar acciones judiciales contra personas sospechadas, aunque su desvinculación representa un obstáculo mayor.
Existen antecedentes recientes sobre casos como ese. Uno de ellos es el de Rosana Lodovico, quien fuera la primera directora de Aduanas de la era Milei. Fue removida del cargo tras una investigación judicial impulsada por un préstamo que tomó de una empresa que contrabandeaba. Pese a que fue reemplazada, Lodovico continúa como miembro de la planta permanente de la ex AFIP, tal cual confirmó LA NACION a través de la base pública del Directorio del Estado.
Desde ARCA explicaron que no se puede echar a ningún empleado hasta tanto haya una sentencia judicial. La misma situación aplica para Echegaray, quien aún permanece como planta permanente. Fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión en marzo de 2022 por una maniobra de defraudación al Estado con el otorgamiento irregular de planes de pago a la petrolera de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes, en cambio, fueron absueltos. Pese a eso, la Cámara de Casación Federal le pidió a los jueces de primera instancia revisar el fallo.
