Miles y miles de personas transitan todos los días por la Autopista Ricchieri o la Jorge Newbery. Otros tantos utilizan la Ruta Nacional 3 y la 226 para llegar a Mar del Plata y así intentar evitar ser parte de la foto de las largas filas de autos durante el verano en la ruta 2. Estos caminos son administrados por el estado nacional, pero eso cambiará.
El Gobierno lanzó la licitación para privatizar la concesión de los Tramos Sur – Atlántico – Acceso Sur y Pampa. Estos trayectos incluyen a la ruta nacional 5, que conecta a Buenos Aires con La Pampa; a partes de la ruta nacional 3, que llega hasta Bahía Blanca, la 205; 226; A-005; Autopista Ezeiza-Cañuelas; la Autopista Jorge Newbery y la Autopista Ricchieri.
En total, suman 1871 kilómetros. “El primero de ellos es el Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, que abarca 1.325,17 kilómetros. El segundo es el Tramo Pampa, con una extensión de 546,65 kilómetros“, señaló el comunicado oficial del Gobierno.
Actualmente, dichos tramos son concesionados por Corredores Viales, una de las empresas públicas privatizables de acuerdo con lo aprobado en la Ley Bases. Es por ello que la gestión libertaria interpreta que la actual concesión esconde un sistema de asistencia del Estado que genera pérdidas.
«El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios“, afirmó el Gobierno en su comunicado.
Precisamente ese comentario del oficialismo hace referencia a los números de Corredores Viales. Según cifras del Ministerio de Economía, en 2024 no tuvo déficit. Su operación fue positiva. Esto implica que tuvo más ingresos provenientes del cobro de peajes y transferencias corrientes del Gobierno que gastos.
Su resultado financiero arrojó un superávit de $32.193 millones. Al mirar en detalle, recibió $22.533 millones de transferencias del Tesoro que apalancaron sus ingresos. A su vez, en la parte de egresos se vislumbra que su gasto de capital (usualmente el que está dirigido a obras) llegó a $5219 millones. Es decir, una cifra baja en comparación a lo que había invertido en 2023: $35.575 millones.
Este balance de números forma parte de los cálculos cotidianos de una concesión vial. Absorbe ingresos a través del cobro del peaje, pero debe invertir dinero en las obras que aseguren el mantenimiento y buen estado de las rutas. Es por ello que quienes quieran competir por la concesión de estos tramos deberán presentar una oferta de tarifa que paguen los pasajeros que transiten allí que les permita garantizar sus inversiones en infraestructura vial.
El próximo 6 de febrero vencerá el plazo de presentación de ofertas. Es decir, los interesados tienen poco más de dos meses para realizar sus respectivas propuestas. Hasta el momento, en el Gobierno evitaron dar detalles de fechas de adjudicación o toma de posesión de los eventuales ganadores de la licitación. Una especia de “paso a paso”.
A diferencia de esto último, en el Gobierno comunicaron que se espera que “a mediados de diciembre” se encuentre operativa su primera privatización de concesiones de rutas, que este miércoles fue adjudicada. Esa es “la ruta del Mercosur”, compuesta por dos tramos que incluyen las rutas nacionales 12, 14 y el puente que conecta a Rosario y Victoria. Este corredor reviste relevancia comercial, dado que por allí circulan los camiones que trasladan mercaderías hacia socios regionales del país.
Sus ganadores fueron una empresa que forma parte del grupo José Cartellone, una de las constructoras que deberá dividir sus días entre las audiencias de la causa Cuadernos y la administración de una de las rutas más importantes de la Argentina, tal como contó LA NACION, y el consorcio conformado por “Obring – Rovial – Edeca – Pitón – Pietroboni”.
Este último administrará el Tramo Conexión, que incluye al puente Rosario – Victoria, con una tarifa de $3385,80 por cabina. Y la empresa del grupo Cartellone, Autovía Construcciones y Servicios, lo hará con un peaje de $3563,45.
Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que los ganadores de la licitación tomarán posesión de los tramos “a mediados de diciembre”. De esta manera, los equipos técnicos del Gobierno finalizarán los detalles de la firma de los nuevos contratos para preparar “la entrega de la llave” a las constructoras.
