CARACAS-. Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo, acusado de “terrorismo”, para exigir su libertad, informaron familiares a la AFP este domingo.
La medida comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas.
Las familias explicaron que no todos los detenidos se unieron a esta protesta contra el alcance de una recién aprobada ley de amnistía, que excluye casos relacionados con militares acusados de “terrorismo”, frecuentes en este penal.
“Aproximadamente 214 en total, entre venezolanos y extranjeros, están en huelga de hambre”, indicó Yalitza García, suegra del gendarme argentino.
“Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la Ley, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios”, dijo por su parte Shakira Ibarreto, hija de policía detenido en 2024.
El Parlamento aprobó el jueves pasado una ley de amnistía, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.
Tal como publicó LA NACION, Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular. Desde entonces permanece incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.
Hace 11 días, en la Asamblea Nacional, la suegra de Gallo hizo una exposición en reclamo por la liberación del gendarme. Yalitza del Valle García encaró el martes a diputados chavistas y les exigió la liberación inmediata de su yerno, quien este miércoles cumple más de 430 días detenido en Venezuela.
La ley de amnistía aprobada en Caracas la semana pasada establece la liberación para quienes hayan participado en protestas políticas y en “acciones violentas” vinculadas al fallido golpe de Estado de 2002, así como en manifestaciones o procesos electorales desarrollados en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, excluye a quienes fueron condenados por “rebelión militar” en relación con los hechos de 2019.
La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía. Un borrador previo sí mencionaba figuras como instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, rebelión y traición.
Tampoco prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores.
Con información de AFP
