En un gesto inusual dentro de la Asamblea Nacional venezolana, Yalitza del Valle García, suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, encaró el martes a diputados chavistas y les exigió la liberación inmediata de su yerno, quien este miércoles cumple más de 430 días detenido en Venezuela.
Su intervención se produjo en un clima marcado por la expectativa —y también la frustración— en torno a las liberaciones parciales de presos políticos que el gobierno de Caracas viene anunciando desde comienzos de año, en medio de un giro político inesperado tras la captura de Nicolás Maduro y la presidencia interina de Delcy Rodríguez.
Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular. Desde entonces permanece incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.
El régimen chavista lo ha acusado de vínculos con planes violentos y acciones terroristas, una narrativa rechazada por el gobierno argentino y por organizaciones de derechos humanos.
“Vergonzosamente detenido… su único delito fue ser argentino”, afirmó García ante los legisladores. También denunció episodios de hostigamiento por parte de organismos de seguridad cuando intentó obtener información sobre el paradero de Gallo y cuestionó la ausencia total de datos oficiales sobre su situación jurídica.
La detención del gendarme se convirtió en un foco de tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela. El Gobierno argentino ha sostenido públicamente que se trata de un arresto arbitrario y reclamó su liberación en distintas instancias.
En paralelo, las familias de Gallo y del abogado argentino Germán Giuliani —también detenido en Venezuela— presentaron una petición ante el Vaticano para que interceda en favor de ambos, en un intento por sumar presión internacional a los reclamos diplomáticos.
El pedido de García ante la Asamblea coincidió con una jornada de protesta en el centro de Caracas. Activistas, familiares de detenidos y sectores de la sociedad civil se manifestaron frente al Parlamento con pancartas y fotografías de presos políticos, bajo la consigna “Que sean todos”.
La movilización, que se desarrolló sin represión en un espacio tradicionalmente reservado a concentraciones oficialistas, fue interpretada como una señal de los cambios recientes en el país.
Según organizaciones como Foro Penal y Provea, actualmente hay más de 600 presos políticos en Venezuela. Desde el 8 de enero, tras el inicio del nuevo ciclo político, se registraron 426 liberaciones, aunque cientos de personas permanecen detenidas.
Entre los excarcelados figura Yaacov Harary, argentino-israelí que estuvo preso más de un año y que relató haber compartido celda con Gallo. Su testimonio aportó detalles sobre las duras condiciones de detención y confirmó que el gendarme argentino continuaba bajo custodia meses después de su arresto.
Según reportes de medios y familiares, Gallo está detenido en el penal El Rodeo I, un centro penitenciario del estado Miranda, cerca de Caracas, considerado uno de los recintos más temidos del país y frecuentemente citado en informes sobre presos políticos en Venezuela.
Los manifestantes exigieron la aprobación de una ley de amnistía amplia e inclusiva, sin exclusiones, que garantice la liberación total de los detenidos por motivos políticos. En la misma línea se pronunció esta semana la Conferencia Episcopal Venezolana, que reclamó la “liberación plena de todos los presos políticos y personas detenidas por causas injustas”, junto con la convocatoria a elecciones libres y el fortalecimiento de instituciones independientes.
El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez no respondió públicamente al llamado de la Iglesia.
Agencias Reuters y ANSA
