El fiscal federal Eduardo Taiano arrancó con una nueva fase en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, con una serie de medidas destinadas a esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. La causa involucra al presidente Javier Milei y a un grupo de empresarios que habrían obtenido ganancias de aproximadamente 110 millones de dólares mediante la comercialización del activo digital.
En esta nueva etapa, el fiscal ha ordenado la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. También se han emitido pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
Preservación de evidencia digital y rastreo de transacciones
Una de las prioridades de Taiano es la preservación de la prueba digital. Para ello, ha solicitado registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA desde su lanzamiento, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También se ha ordenado la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales, incluyendo el tuit del presidente Milei que promovió la criptomoneda el pasado 14 de febrero.
Asimismo, se está llevando a cabo una reconstrucción de las operaciones financieras realizadas en torno a $LIBRA durante los días 14 y 15 de febrero, cuando se registró la mayor actividad del criptoactivo. Aunque se ha determinado el volumen total de las transacciones, la identidad de los operadores sigue siendo un enigma debido al uso de billeteras digitales codificadas.
Congelamiento de activos y cooperación internacional
Para evitar la dispersión de fondos, Taiano ha solicitado el congelamiento de direcciones digitales identificadas en la investigación. Se busca impedir que los activos obtenidos mediante la operatoria fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo.
En paralelo, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Se han iniciado gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para obtener registros de los movimientos financieros y determinar si existieron intentos de lavado de activos.
Identificación de responsables y citación de testigos
Otra de las medidas clave en esta nueva etapa de la investigación es la identificación de los responsables directos detrás de la maniobra. Para ello, Taiano ha solicitado informes sobre las comunicaciones telefónicas y los registros de visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos, con el fin de establecer posibles vínculos entre los involucrados.
Además, se está elaborando una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA y el papel de los principales acusados. Entre ellos se encuentran expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas cercanas al entorno presidencial que podrían haber tenido conocimiento previo sobre la maniobra.
El fiscal también ha puesto el foco en el análisis patrimonial de los sospechosos, con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados en sus bienes o movimientos financieros sospechosos. Se están revisando cuentas bancarias, inversiones y otros activos que pudieran estar vinculados a los fondos obtenidos mediante la comercialización de $LIBRA.
En este sentido, se ha identificado -como contó Clarín- un movimiento reciente de 4,5 millones de dólares desde una de las billeteras asociadas al escándalo hacia una nueva dirección digital. Parte de estos fondos fueron utilizados para la compra de una memecoin llamada POPE, en lo que se interpreta como un intento de lavado de activos. Los investigadores siguen de cerca estos movimientos para determinar el destino final del dinero.
Otro de los ejes de la investigación es el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina. Taiano busca establecer si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como en las acciones del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores en relación con su comercialización.
A medida que avanza la causa, el fiscal continuará implementando medidas para esclarecer el funcionamiento de $LIBRA y su impacto en los mercados financieros. La recopilación de pruebas digitales, la cooperación internacional y el análisis patrimonial serán claves para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y definir los próximos pasos en el proceso judicial.
