El 22 de junio de 1880 tuvo lugar la llamada «Batalla de los Corrales» entre las fuerzas de la Provincia de Buenos Aires al mando de Carlos Tejedor y el ejército nacional comandado por Julio A. Roca. Con el triunfo del gobierno nacional y la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, culminó el proceso constitucional iniciado el 22 de mayo en 1810.
A partir de entonces, todos los conflictos entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son resueltos por jueces elegidos por el Gobierno Nacional. A diferencia de lo que ocurre en todas las provincias, no son los porteños quienes eligen a sus jueces, sino todos los argentinos, quienes concurren con su voto a la elección del Presidente y el Senado votado por todo el país.
La reforma constitucional de 1994, al reconocer la autonomía de la CABA comenzó a desandar ese camino; no para devolver el territorio a la provincia de Buenos Aires sino para permitir el autogobierno por parte de los habitantes de la Ciudad. A treinta años de esa reforma, los avances han sido numerosos, pero muchos ámbitos quedan por resolver.
El 27 de diciembre de 2024, con la sentencia en el caso “Levinas”, la Corte Suprema produjo la modificación jurídica y competencial más importante desde que inició su funcionamiento en 1863. A partir de ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA será el encargado de revisar las sentencias de toda la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Casi 300 jueces de la Nación dejan de estar sujetos al control directo de la Corte Suprema y se sitúan la órbita de un tribunal local (el TSJ de la CABA). Aun cuando pueda parecer un mero cambio de nombres, la transferencia de poder que esa decisión supone es difícil de mensurar.
El papel rector de la justicia nacional, que hasta el presente ejercía la Corte Suprema, por ejemplo, corrigiendo liquidaciones que se entendían abusivas en la justicia laboral o determinando los intereses y la actualización de los créditos en los fueros civil y comercial, los criterios para resolver casos penales y miles de etcéteras más que resultaría absurdo reducir al caso -un tanto más mediático- del Correo Argentino.
A su vez, el control que puede realizar el TSJ sobre la justicia nacional es mucho más estricto que el que realizó hasta ahora la Corte Suprema, pues ésta estaba limitada por la necesidad de que en el conflicto existiese una cuestión de derecho federal. Ese límite no existe en caso del TSJ. Incluso la Legislatura de la Ciudad podría crear tribunales o recursos nuevos para controlar las decisiones de los jueces nacionales.
La sentencia cuenta con el voto a favor de los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti y la disidencia de Rosenkrantz. En momentos en que la Corte Suprema atraviesa un proceso de renovación, con sonoros conflictos internos, la sentencia muestra, sin embargo, que las convicciones jurídicas pueden situarse por encima de esas coyunturas.
¿Es correcta la decisión adoptada por la Corte Suprema? Comparto con la mayoría la incomodidad de que, a treinta años de la reforma constitucional, los conflictos entre porteños sean resueltos por jueces elegidos por el presidente y por los senadores de todo el país. Demasiada sanción para el desatino de Tejedor.
Al mismo tiempo, una el camino tomado por la Corte Suprema genera una incomodidad no menor. Mucho más razonable hubiera resultado esa sentencia si se hubiese dictado en el marco de un juicio donde la propia CABA hubiera demandado la transferencia de la justicia. Es cierto que los habitantes de la ciudad pueden tener el derecho a que sus conflictos los resuelvan sus jueces, como en cualquier provincia, pero frente a la naturaleza institucional del cambio que se decide llevar a cabo, la participación previa de la CABA y del Gobierno Nacional en ese hipotético litigio seguramente hubiera permitido considerar distintas alternativas instrumentales.
Las consecuencias políticas, económicas, sindicales y sociales que derivarán de esta sentencia se irán descubriendo con el transcurso de los meses o de los años. Lo único que parece claro es que, para la ciudad de Buenos Aires, en materia judicial, ya nada será como antes.
