“Lázaro Báez no fue amigo y no lo es”, dijo durante el juicio en tono enfático, Cristina Kirchner. Después, su abogado, en etapa de alegatos, redujo la relación a propietaria – inquilino. Pero para la Justicia la relación era mucho más que cercana. Los jueces determinaron que Báez -que sí era amigo personal de Néstor Kirchner- fue socio comercial de la ex presidenta con quien la unía un vínculo “espurio y corrupto”.
Según el fallo, el empresario y Cristina fueron los principales beneficiarios de la “maquinaria de corrupción” investigada y la ex presidenta tuvo un “particular interés en beneficiar” a Báez por un motivo superior: era ella, dijeron los jueces, quien obtuvo un “lucro indebido” del fraude que se cometió contra el Estado.
Hay un hecho clave que encontraron los jueces para describir cómo era el circuito en el que la plata del Estado que autorizaba el Gobierno de Cristina iba a Báez y luego llegaba hasta las cuentas de los Kirchner: entre las pruebas reveladas, los magistrados detectaron que Báez les pagaba el alquiler de los hoteles a la familia Kirchner con cheques emitidos por Vialidad Nacional. En síntesis: plata del Estado que llegaba a las cuentas K.
Esta maniobra se hacía a través de la empresa Valle Mitre, que pertenecía al empresario. La compañía tenía una particularidad: tenía como clientes únicos a los hoteles de los Kirchner. Valle Mitre gerenciaba los hoteles y les pagaba un canon a la entonces familia presidencial y lo hacía con cheques de pago diferido emitidos por la propia Dirección Nacional de Vialidad en favor de la empresa Austral Construcciones SA, la compañía constructora de Báez que fue la que más se benefició con la obra pública kirchnerista.
El 40% de los fondos que Báez cobraba a través de los cheques de Vialidad iba a parar a Valle Mitre. Con esa plata les pagaba a los Kirchner el canon por el alquiler de los hoteles. El resto de los fondos se usaban para atender el giro comercial del negocio de la construcción a través de Austral Construcciones. “Es decir, era preponderante la incidencia que tenía el negocio hotelero, con los ex Presidentes, sobre los ingresos que provenían precisamente del Estado y durante sus gobiernos”, describieron los jueces. .
No fue el único dato advertido: en 2012 y 2013 prácticamente la totalidad del dinero que ingresó a la cuenta del Banco Nación de Valle Mitre, proveniente de Austral Construcciones SA, “se utilizó para realizar pagos hacia Los Sauces SA, Hotesur SA y a la familia Kirchner”. Esas sociedades eran también las que administraban el negocio hotelero de los Kirchner.
En paralelo al caso de Vialidad, hay dos investigaciones judiciales conocidas como los casos Hotesur y Los Sauces que investigan maniobras de lavado de dinero a través de los hoteles K. La Justicia sospecha que Baez simulaba el alquiler de habitaciones para entregar a los Kirchner un retorno de la plata que recibía por la obra pública.
El negocio de Valle Mitre era tan extraño que no le importaba tener pérdidas mientras pagara el canon de alquiler a los hoteles K. Los jueces, de hecho, describieron que en contraste con las “extraordinarias ganancias obtenidas por Cristina Kirchner, se calcula que la firma Valle Mitre SA sufrió pérdidas en promedio de $6.179.286,35, al valor de esa época”.
Finalmente, se volcó otro concepto en el fallo judicial: “Una vez más se observa la confusión entre intereses privados y públicos, entre actores del sector público actuando en su faz privada, y constructores de la obra pública, devenidos ahora también en empresarios hoteleros. Un caso más de adrede confusión de las arcas estatales y privadas”.
Cuando se analizó la explicación de la defensa de la ex presidenta, los camaristas indicaron que lo que se investigó y corroboró fue la existencia de un “prolongado y estrecho vínculo comercial entre las familias Kirchner y Báez, y que aquella unión permitió el descomunal lucro indebido corroborado» en el caso.
En definitiva, aún “sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de la comprobada operación defraudatoria», sostuvo el juez Gustavo Hornos.