LONDRES.– Los periodistas pueden sacar a uno de quicio. Simplifican, exageran, a veces entienden todo al revés. Son mayoritaria y desproporcionadamente de clase media, universitarios y a veces un poco zurdos, así que su actitud general puede desentonar con la del resto de la población.
Cuando actúan de manera antiética —por ejemplo, cuando el programa “Panorama” de la BBC emitió una engañosa edición de imágenes del presidente Donald Trump— la gente se indigna y con motivo.
La confianza en los medios de comunicación ha caído en todos los países ricos, especialmente desde la llegada de las redes sociales, que permiten que los errores de la prensa sean vilipendiados masivamente. Así que a mucha gente tal vez no le importe mucho escuchar que el periodismo está en problemas. Pero debería importarles.
La libertad de expresión está retrocediendo en todo el mundo. Según el índice elaborado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, en 2014 la libertad de expresión global se encontraba en niveles no peores a los que tiene hoy Estados Unidos, pero actualmente el nivel global se parece al de Serbia, donde los movileros que cubren las manifestaciones anticorrupción son reprimidos sistemáticamente por la policía.
El tema importa y por varias razones. No se trata solamente de que la libertad de expresión sea la libertad basal, de la que dependen todas las otras libertades. El tema también es crucial porque el periodismo es un control esencial al poder del Estado. Si los poderosos saben que sus abusos no serán expuestos ni difundidos, es probable que los sigan cometiendo.
La revista The Economist analizó los datos de unos 180 países durante los últimos 80 años, recolectados por el proyecto de investigación sueco V-Dem, y encontró un patrón de retroalimentación entre el amordazamiento a los medios y la corrupción descontrolada.
Ese ciclo funciona más o menos así: a los políticos que quieren robar les conviene amordazar a la prensa, y cuanto más ajustada la mordaza, más fácil se hace robar, y cuanto más roban, más cadáveres acumulan en el placar y más incentivo tienen para acogotar cualquier denuncia futura.
Según cálculos de The Economist, si en un país la libertad de prensa cae de “tan bien como en Canadá” a “tan mal como Indonesia”, es un buen indicador de que la corrupción aumentará de “tan limpio como Irlanda” a “tan mugriento como Letonia”.
Es un proceso gradual, una metástasis a lo largo de los años, así que los votantes tal vez no lo noten hasta después de las próximas elecciones. Y es peor aún en gobiernos populistas, que siempre demonizan a sus críticos e intentan desmantelar las instituciones que limitan su poder.
Una de las tendencias más alarmantes es que los gobiernos que se proclaman democráticos recurren cada vez más a herramientas desarrolladas por regímenes autoritarios.
Por lo general, no intentan silenciar por completo a quienes dicen la verdad, sino más bien crear un ecosistema mediático donde los votantes escuchan elogios amplificados al partido gobernante y solo tenues susurros de disenso.
Usan la plata de los impuestos para fomentar una cobertura halagadora: nombran a obsecuentes a cargo de la radiodifusión pública, destinan la pauta oficial a medios dóciles y alientan a empresarios afines que dependen de sus contratos con el Estado a tomar el control de medios de los comunicación independientes para neutralizarlos.
En paralelo, dificultan el desarrollo, o incluso la supervivencia, de los medios críticos. A los que insisten en realizar periodismo de investigación puede pasarles que el gobierno no solo no les asigne pauta oficial, sino que también presione a las empresas privadas para que los rechacen.
También son objeto de constantes inspecciones fiscales y demandas por difamación. Muchos luchan por mantenerse a flote: según el índice de Reporteros Sin Fronteras, en 160 de los 180 países relevados los medios de comunicación se encuentran en una grave situación financiera.
Los gobiernos supuestamente democráticos hoy también persiguen a los periodistas individualmente. Los que molestan al poder suelen ser víctimas de la difusión de información confidencial y hostigados, especialmente si son mujeres.
Una encuesta de la ONU reveló que el 75% de las periodistas han sufrido abusos online y un 42% han sido acosadas o amenazadas en persona.
Algunos periodistas quedan entrampados por leyes de seguridad nacional que prohíben la divulgación de casi cualquier cosa que el gobierno desapruebe, o por normas que prohíben las “noticias falsas” digitales, es decir, casi cualquier cosa que los cuestione.
Los más insistentes incluso pueden ser procesados por delitos ajenos al periodismo. En enero, en Filipinas, la periodista Frenchie-Mae Cumpio, una frecuente crítica de los abusos de las fuerzas de seguridad, fue condenada a entre 12 y 18 años de prisión por “financiar el terrorismo”. Cumpio afirma que las fuerzas de seguridad irrumpieron en su departamento, la obligaron a tirarse al suelo y plantaron armas y contrabando en su cama.
La tecnología ha cambiado el significado de lo que es ser periodista y ha abierto nuevas vías para la libertad de expresión. Cualquiera puede grabar con su teléfono al policía que está golpeando a un manifestante y publicarlo en redes sociales, y eso es útil para frenar la brutalidad policial.
Pero en general, la revolución digital no ha sido tan liberadora como muchos esperaban. Cuando sus súbditos están furiosos, las dictaduras pueden bloquear internet, como hicieron los regímenes de Irán y Uganda el mes pasado.
Las democracias deficientes emplean métodos más sutiles, por ejemplo, utilizando las leyes que protegen la privacidad digital para proteger a los políticos del escrutinio público. Mientras tanto, los espías del gobierno pinchan los teléfonos de los periodistas para identificar sus fuentes, ahuyentando a potenciales denunciantes. Y si algún periodista tiene fotos íntimas en su celular, de pronto estás llegan misteriosamente al dominio público.
Y el vuelco final es el del gobierno de Estados Unidos, que solía defender la libertad de prensa en todo el mundo y ya no lo hace. El gobierno de Trump eliminó los subsidios a los medios de comunicación extranjeros independientes y cerró medios públicos como Radio Free Asia, que solía transmitir para los tibetanos y norcoreanos ávidos de noticias.
Y lo que es peor, Trump ya dejó muy claro que no presionará a los gobiernos extranjeros por el tema de la libertad de expresión, salvo que sean progresistas europeos… Ahora, desde Azerbaiyán hasta El Salvador, los dictadores se abalanzaron sobre la oportunidad de encarcelar o intimidar a los periodistas más molestos sin sufrir represalias diplomáticas.
Quienes defienden la represión suelen argumentar que los medios de comunicación también deberían rendir cuentas. Pero subestiman hasta qué punto ya lo hacen: los suscriptores pueden darse de baja; los que se sienten difamados pueden demandar, y el escándalo de Panorama obligó a renunciar al director de la BBC.
Los periodistas tienen muchos defectos, pero impedir que hagan su trabajo tendrá consecuencias nefastas. Cuando se destruye un ecosistema informativo vigoroso, es muy difícil reconstruirlo. Y un mundo con menos libertad de prensa será un lugar más corrupto y peor gobernado.
Traducción de Jaime Arrambide
