La condena a Lázaro Báez, socio de los Kirchner a 10 años de prisión en la causa de la Ruta del Dinero K, junto a otras 90 sentencias de este tipo tomadas en los últimos años, ffueron clave para el informe favorable del GAFI que revirtió una sanción para la Argentina por la mala gestión del gobierno de la Unión por Todos en materia de lavado de dinero.
Asi lo dice el informe que cuenta a ese total de 91 condenas y decomisos por 80 millones de dólares, aunque todavía no tiene en cuenta la multa de seis veces el monto de la operación de 55 millones de dólares que lavó Báez en el 2013.
Esos 55 millones de dólares los había escondido en Suiza y los repatrió de urgencia. Ahora cuando la condena quede firme en la Corte, el socio de Cristina Kirchner ddeberá pagar 330 millones de dólares para que el Estado recupere lo que le robaron con esa maniobra. Y sino no paga la multa, le rematarán los bienes que le quedan.
Todo sin contar, que el fiscal del juicio oral de la causa Vialidad, Diego Luciani, considera que en esta otra maniobra se robaron mil millones de dólares en sobreprecios y coimas, sobre un total de contratos de obra pública por 3.500 millones que deberían ahora mejorado las rutas de Santa Cruz.
La posición del GAFI está en coincidencia con una instrucción de la semana pasada del Procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien ordenó a los fiscales para que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los bienes sospechosos de origen ilícito en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo.
Las cautelares permiten asegurar el decomiso de los bienes del corrupto o lograr eventuales sanciones como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones, tras los juicios.
Se trata de una profundización de la doctrina de los decomisos anticipados de bienes, en general, se dictan después de las condenas que tardan varios años en llegar. Y está en el marco de recomendaciones de organizaciones como el Banco Mundial que prefieren que los corruptos devuelvan el dinero robado al Estado, más que cumplan condenas de prisión.
Mientras, el kirchnerismo bloquea en el Congreso el proyecto de ley de Extinción de Dominio que facilitaría estos decomisos.
Un caso emblemático es el de la ex presidenta Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la condenó a 6 años de prisión y dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos a ella y los otros condenados, cifra que será actualizada al momento en el fallo en que quede firme .
En sintonía con esta instrucción de Casal, la semana pasada, la fiscalía solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata el decomiso sin condena de bienes que estaban registrados a nombre de Myriam Reneé Chávez, la difunta madre del extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) y dirigente peronista Marcelo Balcedo, quien cumple una condena de prisión en Uruguay por lavado de dinero.
Por otra parte, Báez ya acumula condenas por 19 años y 6 meses y actualmente está con prisión domiciliaria en su casa de la ciudad turística de El Calafate.
Ante esta situación, el tribunal oral que lo condenó en la causa de la Ruta del Dinero K -el que le aplicó una pena mayor- deberá unificar la condena que no es aritmética y aún faltan definir otros procesos que adelantan que terminará su vida preso, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.
En junio Báez había recibido su tercera condena judicial, esta vez, a 3 años y 6 meses de prisión por haberse apropiado ilegalmente de aportes jubilatorios de su firma insignia Austral Construcciones y de otras compañías del emporio que el santacruceño montó al amparo del poder de los Kirchner.
Todos estos casos abrieron un polémico debate en Comodoro Py, sobre todo mirando la causa de los Cuadernos de las Coimas, en el sentido de pagos por reparaciones económicas al Estado podrían reemplazar condenas a prisión a los empresarios. La discusión recién empieza.
