WASHINGTON.- Estados Unidos deportó el domingo a El Salvador a 17 presuntos criminales vinculados a las pandillas Tren de Aragua y MS-13, informó el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio. La operación, coordinada con el gobierno salvadoreño, fue calificada como un éxito en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Rubio señaló en un mensaje en la red social X que estos individuos incluían a “homicidas y violadores”, y que su expulsión respondía a la necesidad de “proteger a la población estadounidense”.
“Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades ni a nuestros ciudadanos”, agregó.
En la misma plataforma, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la operación y afirmó que “todos ellos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de menores”.
Bukele, muy popular en su país por su ofensiva contra las pandillas, además publicó en su cuenta un video de un minuto de duración montado al más puro estilo de una película de acción.
Es noche cerrada. Se ve a decenas de militares corriendo para rodear la nave. De pronto se abre la compuerta trasera. Las luces del interior contrastan con la oscuridad.
Los militares y policías escoltan a los presuntos pandilleros y los obligan a correr con el cuerpo encorvado hacia los furgones que los esperan en la pista de aterrizaje. Vehículos en caravana se dirigen a un complejo carcelario.
Las siguientes escenas se suceden a gran velocidad. Bajan a los prisioneros de los vehículos y los hacen entrar, cabizbajos, en el centro penitenciario. Les afeitan la cabeza. Con uniforme blanco, se ve a un grupo esposado y de rodillas en el suelo, uno al lado de otro.
Después los agentes los agarran por el cuello para conducirlos a una celda hacinada.
La administración de Donald Trump ya ha expulsado este mes a más de 200 venezolanos, muchos de los cuales han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña diseñada para albergar a miembros de pandillas.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó recientemente la prisión y reafirmó la determinación de Washington de seguir enviando a delincuentes a El Salvador como parte de su estrategia de cooperación en seguridad con el gobierno de Bukele.
La administración de Trump ha intensificado las deportaciones de presuntos pandilleros, recurriendo a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que históricamente solo se ha utilizado en tiempos de guerra.
La Casa Blanca ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de facilitar la llegada de criminales venezolanos a Estados Unidos, señalando que el Tren de Aragua es una organización enemiga que representa una amenaza para la seguridad nacional.
En respuesta, el presidente venezolano denunció las deportaciones como un “secuestro” de sus connacionales y comparó las cárceles salvadoreñas con “campos de concentración nazis”.
Aunque la administración Trump defiende esta política como una medida efectiva contra el crimen organizado transnacional, su aplicación ha generado una fuerte controversia. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha criticado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que permite deportaciones sin el debido proceso legal, lo que va en contra de las garantías constitucionales.
Además, algunos familiares de los deportados han negado que tengan vínculos con pandillas, lo que ha despertado dudas sobre la veracidad de las acusaciones y el impacto de esta medida en personas que podrían ser inocentes.
El uso de la ley de 1798 enfrenta un obstáculo legal. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia emitió un fallo que bloquea temporalmente su aplicación mientras se resuelven los procedimientos judiciales en curso. No obstante, el gobierno de Trump ha pedido a la Corte Suprema que le permita continuar con estas deportaciones de manera expedita, insistiendo en que los individuos expulsados representan una amenaza para la seguridad del país.
A pesar de las críticas y los desafíos legales, Washington reafirmó su compromiso de continuar con esta política como parte de su estrategia de seguridad nacional. En paralelo, el gobierno de Bukele ha mostrado total disposición a recibir a estos deportados, reforzando su postura de mano dura contra el crimen organizado, que ha sido clave en su estrategia para reducir la violencia en El Salvador.
Este caso pone de manifiesto las tensiones diplomáticas y legales en torno a las deportaciones masivas y el combate a las pandillas transnacionales, en un contexto en el que Estados Unidos y El Salvador buscan fortalecer su cooperación en seguridad, mientras Venezuela denuncia la medida como una violación a los derechos de sus ciudadanos.
Agencias AFP y Reuters