A través de un comunicado, el bloque de diputados del PRO rechazó «categóricamente» el decreto establecido por el gobierno de Javier Milei que limita el acceso a los pedidos de información pública al establecer una serie de límites discrecionales a los temas sobre los cuales se puede consultar.
Se trata del Decreto 780/24, que modifica la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública dictada en septiembre de 2016. El objetivo de esta norma es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado.
Sin embargo, a partir de la nueva modificación, no se podrán pedir «datos privados» de los funcionarios o que pueda causar «daños y perjuicios» a las personas.
Es por ese motivo que desde el PRO criticaron el cambio en la norma, la cual había sido dictada durante el gobierno de Mauricio Macri tras años de reclamos por parte de distintas ONG vinculadas a la transparencia.
«Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado», planteó el PRO.
«Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia», agregaron
A partir de ahora, el Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar «daños y perjuicios» a las personas, haya «ausencia de interés público» o se constituya en un «abuso del derecho», según figura en el Decreto 780/24 que publicó este lunes el Ejecutivo en el Boletín Oficial.
La medida ya había causado rechazo por parte de entidades periodísticas y otros actores de la vida política. «Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública, en contradicción con el alcance de la propia Le votada por el Congreso de la Nación en 2016», sostuvieron en forma conjunta FOPEA, CIPPEC, CELS, Amnistía, ACIJ, Periodistas Argentinas, Poder Ciudadano y otras entidades.
Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el «ámbito privado» del Presidente de la Nación.
Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a la información pública.
«El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios públicos la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección», destacaron 70 entidades en un comunicado conjunto.
