Luego del revuelo ocasionado por la difusión de una serie de imágenes de la princesa Leonor en un shopping de Punta Arenas, la Fiscalía de Chile confirmó que se abrió una investigación tras la denuncia presentada por la Casa Real española.
Según consigna la agencia EFE, las autoridades del centro comercial admitieron haber distribuido las grabaciones entre los medios de comunicación “con fines periodísticos” y, en ese contexto, se mostraron predispuestas a colaborar «ante cualquier requerimiento de información o investigación».
En las imágenes que derivaron en la polémica se ve a la hija del rey Felipe y la reina Letizia, de 19 años, vestida de civil mientras entra y camina junto a un joven por uno de los pasillos del shopping, ubicado a 3.000 kilómetros al sur de Santiago.
La heredera de la Corona española llegó a Punta Arenas el 18 de marzo, a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, donde realiza su instrucción militar junto a más de 70 compañeros de la Escuela Naval de Marín.
El Ministerio Público chileno señaló que «tras una denuncia presentada por guardias españoles, ante Carabineros de Chile, el día viernes 21 de marzo, se abrió una investigación conforme al Artículo 161 letra A del Código Penal, relacionada con la captación y difusión de imágenes de carácter privado sin el consentimiento de los afectados«,
En tanto, el organismo preció que se hicieron las “diligencias inmediatas” como parte de la investigación que comenzó después de que la Corona de España advirtiera que iba a accionar contra los trabajadores del paseo de compras Zona Franca que facilitaron a un medio de comunicación chileno el acceso a esas imágenes, contenidas en las cámaras de seguridad del lugar.
La presentación de la Casa de Borbón se sustenta en que la filtración implicaría «una infracción de la normativa vigente» en relación con las leyes de protección de datos que rigen tanto en el país europeo como en el sudamericano.
En esa misma sintonía, insistieron en que el modo de proceder de los empleados representa una conducta «inadmisible» y destacaron que «no vale todo». Además, precisaron que, en coordinación con la Embajada de España en Chile «se ha decidido denunciar esta infracción administrativa ante las autoridades chilenas» por el canal reglamentario, que en el caso chileno se da con los Carabineros.
El Código Penal chileno establece que «se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales – la unidad que se usa en Chile para calcular impuestos, deudas o multas y que se actualiza con la inflación- al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado».
La dirección de Zona Franca – uno de los centros de compra más importantes del sur chileno- explicó que las imágenes de la princesa «fueron difundidas por medios de comunicación previa solicitud a ellos, con fines periodísticos, y afirmó que la princesa circuló por las instalaciones «sin ser abordada ni molestada, accediendo voluntariamente a espacios comerciales, cuya elección respondió a criterios definidos por su propio equipo de asesores.
“Ante cualquier requerimiento de información o investigación, como siempre, estaremos llanos a colaborar en ellas», indicaron y aseguraron que la visita de la princesa «no fue anunciada ni divulgada por este recinto».