La situación judicial de Natalio Di Módica, empresario, ex dirigente social y reincidente del barro judicial, acaba de empeorar. La Justicia de San Juan amplió la imputación en su contra y le agregó un nuevo logro a su currículum penal: robo.
La Unidad Fiscal de Delitos Genéricos consideró probado que el imputado retiró el portero eléctrico del consorcio y desactivó las cámaras de seguridad del edificio, pese a que esos dispositivos habían sido expresamente ordenados a secuestrar por el juez Guillermo Adárvez. Es decir: no sólo desobedeció a la Justicia, sino que además se llevó los fierros.
Según la fiscalía, Di Módica intervino personalmente en los sistemas de seguridad del inmueble ubicado en Ignacio de la Roza y Ameghino, en Capital, donde vive, es propietario y —según las denuncias— actúa como patrón, sheriff y cobrador de peaje.
Mientras tanto, la fiscalía allanó su domicilio para secuestrar armas de fuego que él mismo había admitido poseer. El resultado fue digno de comedia judicial: no había armas porque, según dijo, ya las había vendido. Una explicación tan cómoda como imposible de verificar.
A la par, su defensa intenta zafar de la prisión domiciliaria que cumple en Rawson. La impugnación sigue en espera, como su suerte judicial.
Doce denunciantes y un conflicto que mutó en expediente penal
Di Módica volvió al centro de la escena judicial, esta vez no como dirigente social, sino como protagonista de un conflicto privado convertido en un festival de denuncias.
Al menos 12 vecinos del consorcio lo acusan de extorsión, amenazas, usurpación, daño y estafa. Según la causa, exigía sumas importantes de dinero por supuestos trabajos en el edificio y, cuando alguien se resistía, activaba el modo apriete: judicial, personal o intimidatorio.
El conflicto escaló cuando —siempre según los denunciantes— se apropió de espacios comunes, cerró pasillos y convirtió sectores del edificio en territorio privado. También habría enviado empleados propios a iniciar juicios laborales contra los vecinos, una estrategia que huele más a apriete organizado que a reclamo legítimo.
Cámaras secuestradas, espacios liberados y un salario que levanta cejas
El juez Adárvez ordenó liberar los espacios comunes y retirar los obstáculos colocados por el imputado. Además, dispuso el secuestro de las cámaras de seguridad por dos meses, bajo custodia del Ministerio Público Fiscal, autorizando incluso el uso de la fuerza pública.
Durante la audiencia, Di Módica aseguró ser gerente de FX Neumáticos y percibir un salario de 15 millones de pesos mensuales. Un dato que chirría fuerte en una causa donde se investigan presuntas exigencias económicas ilegales.
El fiscal Alejandro Mattar logró formalizar la investigación por seis meses, con imputaciones por extorsión, daño, usurpación, amenazas y estafa, todo en concurso real. Como medida principal, el juez dictó prisión domiciliaria por dos meses, con controles policiales frecuentes y prohibición expresa de hostigar a los denunciantes, incluso por redes sociales o terceros.
Un viejo antecedente que vuelve como fantasma
Di Módica no es un debutante en expedientes. En 2017 fue investigado por una presunta venta de mercadería estatal destinada a familias vulnerables, cuando dirigía una asociación civil que recibía bolsones de alimentos. Según la causa, esos recursos solidarios terminaban en góndolas privadas.
Aunque fue sobreseído, el antecedente vuelve a sobrevolar la escena como un recordatorio incómodo: no es la primera vez que su nombre aparece ligado a maniobras opacas.
Hoy, con más denuncias, más cargos y más sospechas, Di Módica enfrenta una causa que sigue creciendo, mientras la Justicia intenta ponerle límites a un conflicto que ya dejó de ser vecinal para convertirse en un caso emblemático de abuso, aprietes y poder mal usado.
