La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que supuestamente planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.
La policía detuvo a cuatro militares desplegados en la cumbre del G20 en Rio de Janeiro por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, informó una fuente de la Policía Federal a la AFP.
Los sospechosos de planificar un «golpe de Estado» para impedir la asunción de Lula y de prever su «homicidio» fueron «detenidos en Rio, donde participaban en la misión de seguridad de la reunión de los líderes del G20», detalló la fuente, que también informó del arresto de un policía.
El plan, informado por la fuerza de seguridad, incluía el asesinato de su compañero de fórmula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para «restringir el libre ejercicio del Poder Judicial».
Según informaron los medios brasileños este martes, el grupo quería «envenenar» a Lula y a Alckmin, y ahorcar al juez De Moraes.
Explosivos, veneno o productos químicos
El juez De Moraes, quien autorizó los arrestos, dijo que una investigación policial reveló que el complot golpista involucraba a personal militar entrenado en las Fuerzas Especiales del Ejército -un grupo conocido como «kids pretos»- y a un oficial de alto rango retirado.
“El objetivo era impedir la toma de posesión del gobierno legítimamente elegido y socavar el libre ejercicio de la democracia y la autoridad del poder judicial de Brasil”, indicó De Moraes en la orden.
“Estas acciones, que alcanzaron su punto máximo entre noviembre y diciembre de 2022, formaban parte de un plan más amplio para llevar a cabo un golpe de Estado”, añadió.
Un documento elaborado por la Policía Federal (PF) y difundido por De Moraes, señala que «fueron consideradas diversas condiciones de ejecución del ministro Alexandre de Moraes, inclusive con el uso de un artefacto explosivo y por envenenamiento en un evento oficial público», según detalló el sitio de noticias G1.
El texto afirma además que se citaban los riesgos de la acción. «Los daños colaterales serían muy altos, la posibilidad de ‘captura’ sería alta y que la posibilidad de bajas (militares) sería alto», detalló G1.
«Para la ejecución del presidente Lula, el documento describe, considerando su vulnerabilidad de salud y la visita frecuente a hospitales, la posibilidad de utilizar envenenamiento o el uso de químicos para causar un colapso orgánico», describió la PF.
Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilícita dedicada al homicidio de Lula y Alckmin, llamada «Puñal verde y amarillo», estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022.
La fecha marcada era 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales por un ajustado margen del 51% de los votos, en una polarizada contienda que dejó afuera al ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Además, el plan criminal incluía la instalación de una «oficina de gestión de crisis institucional» que estaba pensada para ser integrada por los propios involucrados, y detallaba «los recursos humanos y militares necesarios» para efectuar el crimen, con «un alto nivel de conocimientos técnico-militares», según la Policía brasileña.
Los militares involucrados tenían formación en Fuerzas Especiales y preveían usar «técnicas operacionales militares avanzadas», además de instituir un «gabinete de crisis» que ellos mismos integrarían.
El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, un férreo adversario de Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS Los sospechosos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y organización criminal, se informó.
La ‘Operación Contragolpe’ lanzada por la Policía este martes incluye órdenes de prisión preventiva, de allanamiento e incautación y medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país.
Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal.
Las explosiones en Brasilia
La operación tiene lugar casi una semana después de un ataque fallido contra el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia.
Un hombre murió frente al edificio, luego de arrojar explosivos artesanales que no provocaron otras víctimas.
El supremo se halla en la Plaza de los Tres Poderes de la capital brasileña, donde también se encuentran el palacio presidencial del Planalto y el Congreso.
La policía investiga posibles «conexiones» del atacante con los eventos del 8 de enero de 2023. El hombre había estado en aquella fecha en Brasilia y se indaga si participó en la asonada.
El máximo tribunal es muy criticado por el bolsonarismo. Uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, es considerado por Bolsonaro como su enemigo político e inclusive lo ha tachado de «dictador».
