En 2024 las cuentas públicas atravesaron el “ajuste motosierra”. En palabras del presidente, Javier Milei, se trata del “más grande de la historia”. En números, significó hasta agosto una reducción del gasto público del 27,4% en términos reales, según consigna la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Para la Fundación Mediterránea, la contracción alcanzó los 5,6 puntos del PBI. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) lo traduce como un recorte de US$28.000 millones a cotización oficial. ¿Su resultado? Superávit de $1,9 billones hasta julio, tal como informó el Ministerio de Economía.
“El déficit cero es innegociable”, repiten los cerebros económicos del Gobierno. Entonces, ahí ya existe la pista más obvia sobre qué hará Milei con el dinero público el año próximo. Un segundo indicio, vinculado a la recaudación, lo brindó la Oficina Nacional de Presupuesto: “Mostrará una caída de 0,67 puntos porcentuales (p.p.) en términos del PBI”. Para muchos analistas, esta proyectada baja de los ingresos los hace suponer que vendrá acompañada por una nueva reducción del gasto, aunque menos potente. “En 2023 el gasto público nacional alcanzó los 20 puntos del PBI, y ese año puede terminar con 5 puntos menos. Es la cuarta parte, muchísimo. En 2025 naturalmente ese ajuste será menor”, explicó el director del Iaraf, Nadín Argañaraz.
Por eso, luego de un “ajuste motosierra”, se comenzó a hablar de un “ajuste tijera”, en virtud de los resquicios donde al Gobierno le quedó margen para recortar fondos. En ese sentido, los subsidios parecen haberse comprado unos buenos boletos en la ruta del “ajuste tijera” del 2025. “Por el lado de subsidios todavía hay espacio para reducir el gasto. Después si el sector privado lo puede pagar es otro asunto”, sostuvo el vicepresidente de Asap, Guido Rangugni.
Los subsidios a la energía, es decir los que cubren parte del valor de las tarifas de la luz y del gas, son las transferencias corrientes más cuantiosas que realizó el Gobierno en lo que va del año. Hasta julio, el gasto en ese rubro alcanzó los $3,5 billones. En términos reales representa un ajuste interanual del 38% con gran impacto. De hecho, la caída de las transferencias corrientes explican un tercio del ajuste de este año.
Como contrapartida, lo que no paga el Estado, se traslada al sector privado. Esto explica los aumentos en las boletas de los servicios esenciales que se suscitaron durante este año, y el Gobierno los regula para que la reducción de sus subsidios no conspire en demasía contra la baja de la inflación. El Ejecutivo logró bajar el indicador mensual de niveles de 25,5% en diciembre a cifras alrededor del 4% en los últimos cuatro meses. El desafío que tiene es quebrar esa barrera.
“En jubilaciones habrá un aumento real del gasto”, comentó Argañaraz debido a la fórmula de actualización de los haberes indexada a la inflación. Asimismo, el titular del Iaraf descartó que pueda profundizarse el ajuste en las transferencias a provincias, dado que cayeron más del 70% en términos reales. En obra pública describió un cuadro similar: “no hay más margen para seguir bajando ahí y te diría que es otro punto donde puede subir el gasto”. Según la Secretaría de Obras Públicas, de 2677 que estaban en ejecución en diciembre del año pasado, el Gobierno priorizó unas 347 para darles continuidad.
“Mirando el Presupuesto 2024, hay algunos ministerios que tienen un porcentaje de ejecución bajo. Y esos ministerios se supone que tienen crédito excedente”, analizó Rangugni. De hecho, según los gráficos de Asap, hasta agosto el gasto total del Estado demandó el 57,6% de los fondos previstos para este año. Pero hay ministerios que se encuentran muy por debajo de ese promedio. Ese es el caso del de Interior, que gastó el 32,6% de su crédito; Justicia, 45,8%; las áreas que pertenecían al exministerio de Infraestructura, el 45,3%; y Salud, el 51,9%.
Por otra parte, la planta del Estado y las empresas públicas también aparecen en el radar. “Si el Gobierno avanza con la reducción del Estado, puede bajar el gasto por el lado de los sueldos”, indicó Argañaraz. Los datos del Ministerio de Desregulación mostraron que la Administración Central, y los organismos descentralizados sufrieron 18.002 desvinculaciones, y las empresas públicas 8.636. De esta manera, las bajas alcanzaron al 8,7% y 9,4% del personal respectivamente.
Según Asap, hasta julio el gasto para pagar remuneraciones en el sector público se redujo un 17,4% en términos reales comparado con el año pasado. Para el ajuste global del 2024 esto funcionó como una herramienta de baja incidencia ya que representó apenas el 6,6% de todo lo recortado.
El universo de las empresas públicas sufrió un recorte del 70% en términos reales para gastos de capital, es decir obras. De todos modos, esa cuasi parálisis tuvo una incidencia del 5,1% en el ajuste llevado a cabo durante este año. Sin embargo, el recorte del 38,9% a las transferencias para gastos corrientes de ellas, fondos fiduciarios y otros entes tuvieron un impacto más significativo, del 11,4%.
Continuar con una contracción de la planta de las empresas públicas puede transformarse en un arma de doble filo. Las desvinculaciones, según cifras oficiales, tuvieron un costo de $220.000 millones.
Por lo tanto, los números del 2024 muestran dónde tiene margen Milei para controlar el gasto proyectado en 2025 y defender el equilibrio fiscal. En todo caso, después de su presentación en el Congreso se conocerá cuál será el nuevo rumbo de la “motosierra” y si efectivamente se convertirá en “tijera”