El procurador general de Brasil, Paulo Gonet, presentó oficialmente cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien se acusa de planear un golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022 contra Lula da Silva. La acusación, que abarca también a otras 33 personas, será analizada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, quien decidirá si el expresidente pasará a ser imputado.
Por medio de un comunicado, el organismo detalló que presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho” y agregó: ”La organización tenía como líderes al entonces presidente [Jair Bolsonaro] y su candidato a vicepresidente [Walter Braga Netto]“.
Por su parte, el exmandatario señaló que “no está preocupado” ante la determinación de la fiscalía y negó haber cometido un delito. “¿Han visto el decreto del golpe, por casualidad? No lo han visto. Yo tampoco”, expresó.
En noviembre de 2024, la Policía Federal presentó un informe de 884 páginas ante Gonet en el que explicó el supuesto plan encabezado por Bolsonaro. En tanto, indicaron que las intenciones del expresidente eran sembrar desconfianza en el sistema electoral entre la población, redactar un decreto para dar al complot una apariencia de legalidad, presionar a los altos mandos militares para que apoyaran el plan e incitar a un disturbio en la capital.
Según precisó la Policía, en diciembre de 2022 -un mes después de las elecciones- la trama golpista a cargo de Bolsonaro se “abortó” por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército brasileño. Sin embargo, realizaron otro intento el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del candidato de derecha atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia [la plaza de los Tres Poderes] por “incentivo” del expresidente.
Gonet afirmó que Bolsonaro adoptó “un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente”. Además, remarcó que el expresidente “se volvió más antidemocrático” y sumó: “Esta escalada ganó mayor impulso cuando Lula, visto como el contendiente más fuerte en la carrera electoral, se volvió elegible, debido a la anulación de sus condenas penales”.
Tras los incidentes la fiscalía incluyó dentro de la lista de acusados al argentino Fernando Cerimedo, un experto en marketing digital que fue consultor político del presidente Javier Milei en sus inicios en la política. Cercano a la familia Bolsonaro, se lo inculpaba por haber difundido información falsa durante transmisiones en línea sobre el conteo de votos en las presidenciales de 2022.
Sin embargo, Cerimedo fue quitado de la investigación, por lo que expresó en sus redes sociales: «Finalmente y como siempre sostuve, nunca participe de ningún intento de golpe de estado en Brasil. Hoy la fiscalía me excluyó de la denuncia por no tener relación con ese presunto hecho“.
Además, sostuvo: «Aquellos que usaron esto para pegarme, operarme y desprestigiarme, todo bien con ustedes. No hay rencor. La vida les cobrara todo el veneno que tienen adentro. Escribo esto con lagrimas en los ojos, porque fueron meses muy duros por este tema. Con mucha impotencia. Tengo la convicción que la batalla cultural hay que darla cueste lo que cueste. Y exponer a todos los que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad privada“.
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Con información de AP, DPA y AFP.
