La Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), integrada por empresas como Nokia, Samsung y Lenovo, entre otras, le mandó la semana pasada una nota a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Le pide que intervenga con una mayor fiscalización sobre el ingreso de celulares de forma ilegal, que aumentó más de 10 veces en menos de un año, pasando de menos de 1% durante 2023, a más del 20% durante el primer semestre de 2024.
Según estimaciones privadas, el mercado de móviles de 2024 va a oscilar en alrededor de siete millones de unidades, dependiendo de cómo sea el cuarto trimestre. Es decir que de ese total, uno de cada cinco provienen del exterior.
Si bien es difícil establecer cuándo el celular es traído por un ciudadano para consumo personal (que no es contrabando) o por un importador no oficial (contrabando), los fabricantes apuntan a la importación ilegal de teléfonos celulares y otros dispositivos en el país.
“No estamos hablando de equipos que usuarios compran de manera personal en el exterior, sino de un sistema de contrabando que pone en riesgo la compra de miles de consumidores diariamente a través de plataformas que no son oficiales”, dijeron en off de record desde una de las compañías. Puntualizaron que la práctica se extiende cuanto menor es la brecha cambiaria.
“Cuando el dólar blue está $1000 más que el oficial con impuestos y todo, al cliente le sigue conviniendo comprar acá y a los importadores traer de afuera oficialmente. Pero cuando los dólares se equiparan, los importadores traen la mercadería ilegalmente y cobran un 15-20% menos”, explicaron.
En este sentido, apuntaron que en Brasil la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) intimó a Amazon y a Mercado Libre a que retiren los anuncios de celulares irregulares de sus plataformas online. Decenas de comerciantes fueron identificados por la entidad, en un trabajo que se realizó en mayo pasado y que tuvo el objetivo de combatir el contrabando, fundamentalmente de productos Xiaomi que ingresan por las fronteras que ese país (y la Argentina) tienen con Paraguay.
En el escrito a Lealtad Comercial, la cámara apela a su compromiso para fiscalizar “los lugares donde se estarían incumplimiento las normas nacionales a los fines de combatir el contrabando y el mercado gris en la Argentina, y así contar con un mercado que cumpla las normas y proteja a los usuarios”.
“Es importante recalcar que estos dispositivos ingresados ilegalmente no cumplen con seguridad eléctrica (Res. 169/2018 – seguridad eléctrica, y sus modificaciones), suelen carecer de garantías oficiales, soporte técnico adecuado y poseen limitaciones al acceso a actualizaciones de software, lo que puede generar problemas de funcionamiento y de seguridad”, alertaron.
Por otro lado, en el caso de los teléfonos celulares, sostuvieron que estos dispositivos no cuentan con homologación, puesto que están destinados para otros mercados como Estados Unidos, Paraguay o Europa con distinta configuración de frecuencias y potencia, algo que perjudica a los particulares e incluso a las marcas y comercializadoras si no llevan un control interno. “Adicionalmente, la cuestión impositiva es no menos que considerable para el país, ya que estos dispositivos que ingresan de manera ilegal evaden también todo tipo de tasa, impuesto o control de Aduana”, agregaron.