Es inadmisible que una comunidad viva atada al miedo y la inseguridad. Este viernes 19 de septiembre, tras una nueva amenaza de bomba a la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, en Rawson —la tercera en una sola semana— la justicia actuó finalmente. Tras realizar tres allanamientos, se capturó a dos jóvenes implicados en estos actos que ponen en riesgo la vida, la tranquilidad y el futuro de todos.
Uno de los detenidos, Axel Muñoz, no es un desconocido para las autoridades: ya está condenado por abuso sexual simple, además de otras faltas gravísimas como lesiones leves en dos hechos, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial en al menos dos ocasiones. Estos antecedentes evidencian un patrón preocupante de conducta antisocial y violatoria de la ley que no admite excusas.
El otro implicado tiene 17 años, pero su edad no debe ser un escudo para la impunidad. Que la juventud no se convierta en sinónimo de impunidad ante delitos que aterrorizan escuelas, familias, alumnos y docentes.
Resulta intolerable que hechos de esta magnitud se repitan. Las amenazas de bomba no son bromas: alteran la paz pública, interrumpen la educación, provocan angustia y ponen en peligro vidas. Las instituciones responsables —la fiscalía, la Policía, los tribunales— deben actuar con la máxima severidad, imponiendo sanciones ejemplares.
No se puede permitir que quienes ya abusaron de su posición, quebrantaron la ley y atentaron contra la integridad de otros, sigan operando al margen de la justicia. Quienes amenazan con bomba deben estar preparados para enfrentar toda la fuerza del Estado y del sistema judicial, sin contemplaciones.
