Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Así lo estableció el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la causa Vialidad. Y luego, esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación. La exmandataria resultó condenada a una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Tras su última apelación, ahora el caso será definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según se determinó en el juicio oral, el daño ocasionado a través de los beneficios concedidos al empresario Lázaro Báez por medio de la obra pública vial ascendió a 85.000 millones de pesos. Báez fue durante años socio comercial de los Kirchner.
En su momento, la Cámara de Casación refrendó la hipótesis trazada desde la instrucción del expediente: que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Lázaro Báez en forma irregular, además tuvieron procesos direccionados hacia él, con simulación de concursos y sobrecostos.
Se probó, de hecho, que el socio de la familia Kirchner se quedó con el 86% de las obras nacionales licitadas en Santa Cruz, la mitad de las cuales quedaron inconclusas pero igual se cobraron. Y más: también se explicó cómo se puso al Estado en beneficio de un grupo económico con fuertes lazos comerciales con la entonces presidenta de la Nación.
En otros expedientes se confirmó cómo Báez le generaba ingresos a los Kirchner a través del alquiler de sus hoteles y propiedades. Por eso, fue acusado como «testaferro» de la familia.
Aquellos procesos que reveló la causa Vialidad fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa.
Cristina Fernández de Kirchner no fue la única juzgada y condenada por el caso: también fueron imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, quienes, según el fallo, “operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras”, al igual que José López ex secretario de Obras Públicas.