Si bien para el Gobierno las citaciones de esta semana a varios ministros del gabinete para que den explicaciones por el caso $Libra, el malogrado token que promocionó Javier Milei el 14 de febrero pasado, constituyen «un show» de la oposición, llevará a las interpelaciones un argumento legal, denominado «autopuesta en peligro«, para liberar de sospechas al mandatario.
Este martes está previsto que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sean interpelados en una sesión especial prevista para las 14. También fueron citados al recinto Luis «Toto» Caputo y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores; en el caso del ministro de Economía es probable que no concurra, según admitían este domingo en el oficialismo, pese a la obligación constitucional de dar respuesta a las requisitorias de los legisladores.
En el Gobierno, con todo, aseguran que no hay temor a que el escándalo cripto, que sí afectó al jefe de Estado en las encuestas posteriores al hecho, pueda ser aprovechado políticamente en ese ámbito por la oposición. «Es un show. Y creo que ellos lo saben, solo que van a exponer para hacer discursos más que preguntas», conjeturaron cerca de Karina Milei, que zafó de ser interpelada gracias a las negociaciones entabladas en la Cámara baja.
El mayor temor de la mesa chica presidencial era que se aprobara en el recinto la convocatoria a Karina que, a raíz del escándalo de $LIBRA, fue denunciada en la Justicia por la Coalición Cívica por presunto cohecho y tráfico de influencias al entender que la funcionaria fue quien pactó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la estafa cripto.
El que sí concurrirá este martes a las 14 es el ministro Cúneo Libarona quien, en diálogo con Clarín, aseguró estar «preparado» para las consultas que le harán los diputados desde el recinto. «No dudo de que no existió delito ni dolo y tampoco del proceder y la honorabilidad del Presidente. Así que pregunten lo que quieran», desafió.
Al respecto, el ministro sostuvo que existiría jurisprudencia para exculpar al Presidente de cualquier sospecha. «Me tocó actuar en tres casos en los que se desestimó la acusación contra financistas porque se trató de una operación financiera para inversores avezados con todos los elementos a la vista y con el riesgo del propio negocio», recordó y sostuvo que el argumento legal en esos casos fue «la autopuesta en peligro».
Se trataría de una figura legal basada en que no se debe responsabilizar penalmente al acusado si la víctima decide enfrentar el peligro de manera voluntaria.
«Estamos tranquilos porque no hubo delito ni nada. No hay valijas dando vueltas ni paraísos fiscales», apuntó y se manifestó a favor de dirimir estas controversias en la Justicia más allá de la legitimidad de la comisión parlamentaria.
Cerca de Francos, en tanto, deslizaron que este lunes terminarán de dar un cierre a la estrategia discursiva del ministro coordinador, pero dijeron que tampoco hay «temor» con una interpelación que se parecería, en principio, a la sesión informativa que brindó la semana pasada ante el cuerpo.
Si bien Luis Caputo está obligado a concurrir al Parlamento por el artículo 71 de la Constitución, que autoriza a ambas «cámaras a hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que estime convenientes”, no sería penalizado. El funcionario ya había pegado varios faltazos para ser consultado sobre la discusión del Presupuesto y por otras iniciativas.
Mientras tanto, este miércoles a las 10 se reunirá la comisión investigadora del escándalo cripto para constituirse, en medio de los pedidos de impugnaciones y la polémica por el ardid del oficialismo para licuar el poder de decisión de la oposición. La misma quedó envuelta en escándalos por la pelea para su conformación. Se crearon nuevos bloques e interbloques para intentar sumar más miembros pero LLA consiguió que quede «empatada»: hay 14 oficialistas y aliados y 14 opositores.