Alberto Fernández ingresó al edificio de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por la calle 25 de Mayo, a pocos metros de la Casa Rosada, sin acompañantes ni custodia visible. En el despacho principal lo esperaba Miguel Ángel Toma, secretario de Inteligencia del gobierno transitorio de Eduardo Duhalde. Fernández, en ese momento jefe de campaña de Néstor Kirchner, había solicitado la reunión el día anterior.
Toma, funcionario experimentado y conocedor de las tensiones internas del poder, interpretó aquella visita como un movimiento políticamente delicado. Por precaución, decidió registrar la conversación sin informar a su interlocutor. Según relataría más tarde a colaboradores de su máxima confianza, el pedido le resultaba sospechoso incluso antes de ser formulado.
Durante los primeros minutos, Fernández evitó explicitar el motivo central del encuentro. Hizo referencias generales al escenario electoral, mencionó encuestas que mostraban un crecimiento progresivo de la candidatura de Kirchner y aludió al respaldo que el entonces presidente interino había terminado otorgándole al gobernador santacruceño, convertido en el postulante del oficialismo tras el fracaso de otras alternativas dentro del peronismo. Toma escuchó sin interrumpir, dejando que el visitante avanzara en su exposición.
Finalmente, Fernández planteó el objeto concreto de la reunión: solicitó fondos para la campaña presidencial. Precisó que el monto requerido ascendía a diez millones de dólares y que, a su entender, ese aporte permitiría cubrir la totalidad de los gastos de una campaña breve. Ante la consulta de Toma, confirmó que el pedido estaba formulado en moneda estadounidense y que la expectativa era que los recursos provinieran de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia.
La respuesta del secretario fue inmediata y categórica. Rechazó de plano la solicitud y explicó que no estaba dispuesto a comprometer fondos de la SIDE para financiar una campaña electoral. Además, cuestionó la incoherencia política del pedido, recordando las reiteradas críticas públicas que Cristina Fernández de Kirchner había dirigido contra los organismos de inteligencia, a los que había acusado de espionaje ilegal y de operar políticamente contra su esposo.
Fernández intentó relativizar esas declaraciones, atribuyéndolas a diferencias internas y minimizando su impacto institucional. Sin embargo, Toma dio por concluida la reunión. Le indicó que se retirara y advirtió que no insistiera. El encuentro finalizó de manera abrupta, sin formalidades ni despedidas.
Una vez cerrada la puerta, Toma verificó que la conversación había quedado registrada en su totalidad. El contenido de la grabación incluía el pedido explícito de diez millones de dólares para la campaña presidencial, un requerimiento que el funcionario consideró irregular y políticamente grave. De inmediato informó lo sucedido al presidente Duhalde, quien respaldó la decisión de su secretario de Inteligencia y sostuvo que cualquier eventual discusión sobre financiamiento debía darse directamente en el plano político y no a través de los organismos del Estado.
La reconstrucción de ese episodio surge del testimonio de colaboradores directos de Toma, quienes exigieron reserva de identidad. Alberto Fernández negó posteriormente que el encuentro hubiera ocurrido en esos términos. Toma, por su parte, se limitó a invocar el secreto de Estado y evitó brindar detalles públicos.
El contexto político de aquellos meses era particularmente frágil. La relación entre Duhalde y Kirchner estaba lejos de ser fluida. El gobernador de Santa Cruz había llegado a la candidatura presidencial como una opción residual, luego de que otras figuras del peronismo rechazaran o no lograran consolidar sus postulaciones. Dentro del Gobierno nacional predominaba la desconfianza respecto de su entorno y de la estructura financiera de su campaña.
Según los mismos testimonios, en paralelo al pedido rechazado por la SIDE, los servicios de inteligencia avanzaron en el análisis de la situación patrimonial del candidato. En ese marco, detectaron la existencia de cuentas en el exterior vinculadas a los fondos de la provincia de Santa Cruz. Parte de esos recursos se encontraba depositada en Luxemburgo, en una sucursal del banco Morgan Stanley, y posteriormente en entidades financieras de Suiza, como UBS y Credit Suisse.
La información disponible indicaba que esos fondos, cuyo origen se remontaba a ingresos extraordinarios por regalías petroleras, habían sido mantenidos durante años fuera del país, sin un control público transparente. Durante la campaña de 2003, el manejo de ese dinero era un tema sensible y evitado dentro del círculo kirchnerista. Cualquier mención generaba reacciones airadas del candidato.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la ex SIDE, el organismo realizó un depósito simbólico de un dólar en una de las cuentas detectadas, con el objetivo de dejar en claro que se conocía su localización. El gesto no tuvo consecuencias formales, pero fue interpretado como una advertencia política.
Diversos testimonios posteriores señalaron que la campaña presidencial de Kirchner se financió mediante una combinación de aportes privados no declarados, fondos provinciales y contribuciones de entidades financieras y empresariales afines. Entre los mencionados figuraban el Banco de Santa Cruz y empresarios con vínculos estrechos con la administración santacruceña. Ninguno de esos aportes fue consignado en la rendición presentada ante la Justicia electoral.
La declaración oficial de gastos resultó notoriamente inverosímil. El candidato informó montos muy inferiores a los de sus principales competidores, a pesar de una intensa presencia publicitaria en medios gráficos, radiales y televisivos. A pesar de esas inconsistencias evidentes, no se impulsaron investigaciones judiciales de relevancia.
Con el paso del tiempo, el enfrentamiento entre Miguel Ángel Toma y el kirchnerismo se profundizó. El ex secretario de Inteligencia denunció haber sido objeto de persecución, seguimientos, espionaje ilegal y presiones económicas. Parte de esas prácticas quedaron acreditadas años más tarde, cuando en investigaciones judiciales se hallaron informes de inteligencia sobre su vida personal, su patrimonio y sus comunicaciones.
La ruptura política tuvo consecuencias personales. Toma perdió su custodia oficial pese a estar alcanzado por una amenaza internacional derivada de su participación en la investigación del atentado a la AMIA. Posteriormente, enfrentó dificultades para desarrollar actividades privadas, que atribuyó a presiones directas del poder político sobre potenciales clientes y financiadores.
El conflicto alcanzó su punto máximo en 2009, cuando Toma colaboró con la campaña legislativa opositora en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, se produjeron amenazas, hechos intimidatorios y causas judiciales que el ex funcionario interpretó como represalias políticas. Algunas de esas situaciones derivaron en procesos que finalmente concluyeron con su absolución.
Años después, durante allanamientos judiciales realizados en propiedades vinculadas a la familia Kirchner, se encontraron carpetas de inteligencia referidas a Toma, con transcripciones de llamadas telefónicas y análisis patrimoniales. Esos hallazgos confirmaron, al menos parcialmente, las denuncias de espionaje que el ex secretario había formulado con anterioridad.
El origen de esa enemistad, según el propio Toma, se remonta a la escena inicial de 2003: el pedido de financiamiento rechazado y la grabación de aquella conversación. Consultado en privado por personas de su entorno sobre el destino de ese registro, el ex jefe de la SIDE se limita a responder que permanece resguardado.
—Está bien guardado —suele decir—. Y ahí va a seguir.
