El Gobierno reglamentó hoy a través de la Resolución 57/24 la desregulación del transporte de pasajeros que permite el ingreso de nuevos actores al sistema urbano, suburbano e interjurisdiccional.
“A quienes tengan vehículos grandes o pequeños (con seguro y revisión vehicular aprobada), los invitamos a convertirse en proveedores de transporte de pasajeros. El Decreto 883/24 había liberado el tránsito interjurisdiccional así como el de las conexiones aeroportuarias, dando libertad absoluta para operar, elegir vehículos, horarios y recorridos. La Resolución 57/24 de hoy, con firma del Secretario de Transporte, Franco Mogetta, establece el procedimiento para que cualquier interesado en proveer el servicio pueda hacerlo, dando sentido práctico a la desregulación que habíamos establecido con el Decreto 883/24″, dijo el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X.
Y agregó: “Simplemente, informan a través de un trámite remoto vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer. Pueden cambiar esta información cuando quieran y las veces que quieran. ¡Y listo! ¡A rodar!”.
En tanto, Mogetta explicó que se creó el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP) para que las empresas y transportistas puedan inscribirse de manera online y gratuita. “Una vez inscriptos, en un máximo de 5 días hábiles tendrán el Certificado de Alta de Transportista que los habilita al registro de los servicios a prestar”, puntualizó.
De acuerdo con el anexo de la resolución el parque móvil afectado a los servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano podrá ser cualquier vehículo, mientras que para los servicios de carácter interjurisdiccional deberán contar con cinco asientos, además del asiento del conductor. Es decir que podría ser por ejemplo un Chevrolet Spin o un Peugeot 5008.
En este sentido, fuentes del sector indicaron que la duda sobre todo esto, más allá del vehículo, es cómo controlarlo teniendo en cuenta que, a nivel nacional, los controles suelen estar dentro de las terminales y todos estos vehículos más chicos seguramente hagan servicio puerta a puerta sin pasar por la terminal. “Eso va a obligar a los organismos de control como la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) a repensar su sistema de fiscalización”, indicaron.
En igual sentido, otra voz del sector dijo que habrá que evaluar cómo son los controles en ruta.
De acuerdo con esto, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) está trabajando en crear un sello de calidad para informarle al pasajero que está viajando en una empresa que tiene ciertos criterios y estándares. “La oferta va a ser muy grande, pero no todo va a ser lo mismo. Hasta ahora teníamos un sistema de larga distancia que tenía una uniformidad en cuanto al tipo de vehículo, reglamentaciones y regulaciones y ahora empieza otra cosa. Entonces sí nos parece importante que el pasajero sepa que la empresa en la que está viajando tiene X cantidad de ómnibus, capacidad de respaldo ante una eventualidad como un desperfecto mecánico, asistencia en el camino, bases operativas en todo el país, etc.”, dijo el vocero de Celadi, Gustavo Gaona.
En tanto, desde la Secretaría de Transporte dijeron en un comunicado que se mantienen las exigencias de seguridad ya establecidas en la normativa vigente, tanto de tránsito y seguridad vial, como en los requisitos en materia de seguridad, higiene y accesibilidad correspondientes a cada clase y tipo de vehículo. Además, se deberá cumplir con la revisión técnica vehicular de los vehículos.
Por último, otra inquietud es qué va a pasar con el sistema que se aplica a los pasajes que usan las personas con discapacidad. Sucede que las empresas de transporte de larga distancia están obligadas a llevar a cualquier persona con discapacidad más un acompañante gratis las veces que quieran, pero ahora las compañías entienden que esto no rige más porque ya no hay exclusividad de rutas o destinos
“Es un tema que se está debatiendo en la Justicia, y no es menor porque en términos de costo hablamos de entre $45.000 millones y $50.000 millones al año”, dijo Gaona. Por ahora hay una medida cautelar que le exige a las empresas que sigan otorgando los pasajes gratuitos mientras se resuelve sí efectivamente debe ser así y a su vez obliga al Gobierno a compensarlas (o sea pagar los pasajes).
