La sorpresiva designación de la expresidente Cristina Kirchner y de su ex ministro Planificación Julio de Vido como implicados en “importantes casos de corrupción” y el posterior esquema de sanción por el que no podrán ingresar a los Estados Unidos están basados en el artículo 7031 de la ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
Desde el Departamento de Estado explicaron este viernes que las restricciones de visas que Washington utilizan en su esquema de combate a la corrupción la llamada Proclamación Presidencial (PP 7750) y la que se le está aplicando ahora contra Cristina Kirchner y De Vido, que es la Disposición Anticleptocracia en la Ley de Asignaciones Anuales (Sección 7031(c)) — que autoriza al Secretario de Estado (Marco Rubio) o a la persona que este designe a marcar a las personas, sean funcionarios extranjeros actuales y ex funcionarios, y a sus familiares directos (en este caso Florencia y Máximo Kirchner), que hayan estado involucrados, directa o indirectamente, en actos significativos de corrupción, que se mencionan.
“Estas facultades complementan las iniciativas más amplias de diplomacia y asistencia exterior para reforzar el principio de no refugios seguros.»
Según las leyes estadounidenses, estas designaciones «han demostrado un impacto positivo en las iniciativas anticorrupción de Estados Unidos a nivel mundial.» Las designaciones exponen a actores corruptos mediante la atención mediática, apoyan las acciones de las fuerzas del orden locales, promueven la rendición de cuentas y resaltan la necesidad de reformas legales anticorrupción. El Departamento de Estado publica trimestralmente un informe…informe al Congreso sobre la implementación de la Sección 7031(c).”, dice el Departamento de Estado.
La sección 7031 de la Disposción Anticleptocracia en la Ley de Asignaciones Anuales no es nueva en la Argentina y tampoco la desconocen Cristina Kirchner, sus abogados, o los de Julio de Vido. Desde hace años, tanto Rubio, siendo senador, como Ted Cruz, que lo sigue siendo actualmente, venían invocando en sus pedidos al Congreso y al gobierno de Joe Biden, sobre todo, que se sancione por corrupción a la ex mandataria.
Más aún, otro enemigo de Cristina con enorme poder en los Estados Unidos hoy, es el actual Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, Mauricio Claver Carone, ex Consejero de Seguridad de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).
Hay varias cartas en las que tanto Cruz como Rubio, juntos o separados, reclamaron esas sanciones. Y ambos invocaban la sección 7031.
En una carta que le enviaron al ex presidente Joe Biden, Rubio y sus colegas James Risch, John Cornyn, Rick Scott y Bill Hagerty señalan que por ejemplo, con la designación 7031(c) el ex presidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, su esposa e hijos fueron sancionados por hechos de corrupción. También el ex vicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez, así como a sus familiares directos.
Al anunciar la designación, bajo la 7031 contra Cristina, advertían que “Estados Unidos «continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal, independientemente de su cargo o afiliación política».
Y señalaban que los actos de corrupción del gobierno de CFK ocurrieron mientras “Argentina se sumía en la bancarrota y la hiperinflación bajo la presidencia de Fernández de Kirchner, lo que permitió importantes transacciones financieras entre el gobierno argentino y China, Rusia y Venezuela.»
Esto incluyó acuerdos nebulosos para contratos de obras públicas que comprometen la seguridad de Estados Unidos y de Argentina, incluida una estación espacial profunda en Argentina controlada por el ejército chino, indicaron los legisladores.
Aunque ahora no está invocada, pedían también que se aplicaran la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, para exigir a Cristina y a los miembros de su familia que rindan cuentas por su participación en actos de corrupción significativa.
En sus pedidos al gobierno demócrata, el senador Ted Cruz manifestaba su “preocupación por el agudo desafío planteado a la seguridad nacional de los Estados Unidos por la corrupción en el hemisferio occidental, y para instarles a imponer medidas contra la cleptocracia ordenada por el Congreso en el caso de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner”.
Y yendo más allá en su reclamo de sanciones a la entonces vicepresidenta de Alberto Fernández, la acusaba de estar “profundamente implicada en la muerte del fiscal especial Alberto Nisman, en 2015.