Crece el rechazo en el agro bonaerense a la creación en Necochea de una tasa portuaria que gravará el movimiento de camiones sobre el puerto de Quequén, uno de los más importantes de exportación del país con unos 7 millones de toneladas por año de granos, además de la importación de fertilizantes. La semana pasada, el Concejo Deliberante local aprobó una ordenanza con la polémica tasa: se deberá pagar un valor equivalente a 1/2 litro de gasoil grado 3. En el sector de la agroexportación calcularon en $16.000 millones el desembolso que demandará. El municipio local, gobernado por Arturo Rojas (Nueva Necochea), desestimó ese número pero no dio un cálculo. Los productores denuncian que serán ellos quienes terminarán pagando ese costo en la cadena agroindustrial.
En este marco, Luis Harrington, director del Distrito 3 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dijo que “lo de Necochea está fuera de sintonía”. El dirigente apuntó: “Crearon una nueva tasa que lo único que hace es quitarle competitividad al sector agropecuario y exportador. Las autoridades políticas están fuera de sintonía y no entienden que no se puede seguir generando mayor presión impositiva en vez de eficientizar el gasto público”.
Harrington señaló: “Rechazamos esta medida e instamos al intendente, al Concejo Deliberante y al gobernador bonaerense a dar marcha atrás con la iniciativa. No han entendido el contexto político donde viven, la sociedad que pide menos impuestos y que baje el costo argentino. Y en Necochea hacen lo contrario”.
Por su parte, en un comunicado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) calificó de “verdadera aberración jurídica y un atropello a la generación de trabajo y producción pocas veces visto” la medida aprobada.
“Desde Carbap rechazamos de manera enérgica esta medida, tal como se expresa en el comunicado emitido por las Sociedades Rurales del sudeste adheridas a nuestra confederación. La falta de transparencia en la afectación de estos fondos deja en evidencia que esta no es una medida para mejora de la infraestructura vial y mucho menos a la producción local, sino un simple intento de aumentar las arcas municipales a costa de la competitividad de nuestros productores, incluso extendiendo de manera arbitraria el área contributiva más allá de los límites del municipio”, señaló.
Para Carbap, el agro “no puede tolerar más medidas arbitrarias que buscan castigar su capacidad de trabajo y generar un obstáculo más para la competitividad de nuestra producción regional”.
Y remarcó: “Instamos al intendente Arturo Rojas a dar marcha atrás con esta desastrosa decisión y abrir de inmediato una mesa de diálogo institucional con el sector productivo para evitar que este nuevo atropello se haga efectivo. Es hora de elegir si se está del lado de la vieja política empobrecedora o del lado de la Argentina prospera y libre que todos necesitamos y deseamos. ¿De qué lado estará?”