En el Ministerio de Economía respiran aliviados. Diciembre transcurrió con temperaturas más bajas que las que los meteorólogos habían estimado y, así, se logró evitar tensiones en el sistema eléctrico. Sin embargo, los funcionarios son conscientes de que el verano es largo. Por eso, el comité de emergencia que formó el Gobierno con representantes del sector privado pasará de reunirse cada 15 días a realizar encuentros semanales a partir de enero.
No solo las bajas temperaturas de diciembre trajeron alivio a los funcionarios nacionales. Las lluvias en el sur de Brasil del último mes permitieron una mejora en el nivel de agua de las represas de ese país y de Yacyretá, desde donde llega más del 30% de la oferta eléctrica del país para el verano. Cada año, la Argentina importa de Brasil alrededor de 2000 megawatts (MW), el equivalente al 16% de la demanda eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La sequía en Brasil había generado preocupación en el Gobierno y en septiembre se empezó a hablar de un verano complicado en materia de cortes de luz, pese a los aumentos de tarifas por encima de la inflación que hubo en el año. Ese panorama cambió positivamente, aunque la Secretaría de Energía y las empresas aún se mantienen en “alerta” acerca de la situación de los próximos meses. Todavía está la posibilidad de que haya una demanda eléctrica histórica de 30.700 MW, que supere el pico de 29.653 MW de febrero pasado. En realidad, cada año se suman 1000 MW de demanda debido al crecimiento poblacional.
Varios factores inciden en la probabilidad de que haya cortes de luz en el AMBA, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica del país. El principal, por supuesto, es la temperatura. Si el calor persiste durante varios días hábiles seguidos y el termómetro no da tregua en la madrugada, el sistema de distribución de la electricidad entra en tensión y aumenta la probabilidad de cortes de luz. Se suma, además, la demanda industrial.
A su vez, no es lo mismo que los días intensos de calor ocurran en enero, cuando la demanda del AMBA está más dispersa por las vacaciones, que en marzo, cuando la mayoría regresó a su rutina de trabajo y hay más picos de consumo de electricidad.
Más allá del factor “exógeno”, como podrían ser las olas de calor, el sistema eléctrico argentino exhibe un nivel precario de inversión luego de dos décadas de tarifas congeladas, con máquinas de generación térmica que tienen entre 60 y 70 años, y con líneas de transmisión que no se expandieron a la par del crecimiento poblacional. Esto genera, por un lado, que en los picos de demanda haya que usar máquinas casi obsoletas que consumen combustibles más caros y requieren un mayor costo de mantenimiento.
Por otro lado, la falta de líneas de transmisión limita la inversión en centrales térmicas o en parques eólicos y solares, ya que no habría forma de llevar esa generación a los centros de consumo.
Para paliar los posibles cortes de luz, el Gobierno publicó en octubre la resolución 294, que dispuso incrementar la remuneración a las generadoras que tienen máquinas viejas para que hagan un mayor mantenimiento y, así, tenerlas disponibles en caso de necesitarlas. En total se incorporaron 400 MW de máquinas viejas de 43 generadores eléctricos, que se hubieran dado de baja si no se otorgaba la remuneración para ponerlas en marcha.
También se ofrecerá a los grandes usuarios de energía eléctrica (las empresas) un incentivo económico para que disminuyan la demanda en los momentos de máxima tensión del sistema. De hecho, el Gobierno ya abrió el registro durante una semana para que los grandes usuarios mayoristas (GUMA) se anoten para acceder a energía a menor costo por consumir menos o por hacerlo fuera de los horarios pico. Lo hicieron Aluar, Acindar, Holcim y Tenaris, es decir, todas las empresas siderúrgicas y cementeras.
El Gobierno, a su vez, está negociando con Chile para importar energía, y también con Paraguay, para que le ceda más de la energía eléctrica que genera Yacyretá y que, en teoría, debería repartirse en partes iguales entre ambos países.
En noviembre pasado, el Gobierno extendió la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025 mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1023. La secretaria de Energía, María Tettamanti, dijo en su primera aparición pública como funcionaria que la falta de inversión en el sector de generación no se puede resolver de un día para el otro.
“Nos tenemos que arreglar con la oferta que tenemos. Eduardo Rodríguez Chirillo ya había emitido la resolución 294, que tiende a tomar medidas de emergencia que apuntan, por un lado, a tratar de que la oferta de energía sea la mayor posible, dando incentivos a algunas plantas generadoras para que hagan pequeñas inversiones y tengan más reserva de potencia y de generación. Por otro lado, se está trabajando con Brasil para tratar de importar la mayor cantidad de energía posible, dentro de lo que permita la situación hidroeléctrica”, contó.
