En la Argentina, cada anuncio de “incentivo al empleo” suena a déjà vu: planes, créditos, blanqueos, capacitaciones, todo recubierto por una retórica que promete lo mismo hace décadas: reactivar el mercado laboral. Sin embargo, la realidad permanece inalterada. La informalidad ronda el 45%, la litigiosidad laboral crece y los que podrían contratar dudan, retroceden o directamente operan fuera del sistema. La razón es simple: no hay empleo posible sin seguridad jurídica.
El primer paso hacia la recuperación del empleo es reconocer que en la Argentina contratar es un riesgo. No por el trabajador, que muchas veces es la parte más débil del vínculo, sino por un entramado legal, sindical y judicial que pone a quien da trabajo en una situación de vulnerabilidad permanente. Un empleador puede cumplir con cada obligación legal, pagar al día, registrar correctamente a su personal, y aun así enfrentarse a una demanda que lo lleve a la quiebra. Así las cosas, las leyes no están para defender el trabajo, sino para castigar al que lo genera.
En este contexto, miles de pymes y emprendimientos eligen no contratar o hacerlo en la informalidad: no es por maldad ni por especulación, es por mero instinto de supervivencia. El sistema los desalienta; la carga tributaria es asfixiante, pero más asfixiante aún es la incertidumbre jurídica. Hoy, en la Argentina, contratar en blanco puede ser más peligroso que hacerlo en negro. Porque el primero que cae en una inspección muchas veces no es el que evade, sino el que intenta cumplir.
Y a esto se le suma otro actor que agrava el problema: el poder sindical desbordado. Un sindicalismo que muchas veces ha dejado de representar trabajadores para convertirse en un actor político y económico que opera con lógicas de presión y disciplinamiento. Hay regiones del país donde abrir una fábrica, un local o un depósito requiere primero “negociar” con el gremio de turno. No negociar salarios, sino condiciones de subordinación. Se trata de una estructura paralela al Estado que actúa sin controles y, en muchos casos, contra el interés de los propios trabajadores.
La combinación de litigiosidad judicial y presión sindical crea un entorno tan hostil que desalienta cualquier intento de expansión. ¿Quién va a invertir en un país donde una demanda laboral puede costarte el patrimonio personal? ¿Quién va a contratar sabiendo que, si un vínculo no funciona, no podrá terminarlo sin enfrentar años de litigio? ¿Quién va a abrir una segunda sede si la primera ya es inviable por el peso de la extorsión sindical?
Por eso, hablar de empleo sin hablar de seguridad jurídica es un ejercicio vacío. Es poner el carro delante del caballo. Se puede lanzar un programa de primer empleo, pero si a los tres meses eso se transforma en un juicio, nadie lo va a usar. Se puede fomentar la contratación joven, pero si el empleador no tiene garantías legales básicas, no lo va a hacer. La clave no está en los subsidios, sino en recuperar el valor del contrato como un acuerdo entre partes libres y responsables, no como un campo de batalla judicial.
No se trata de quitar derechos, sino de reordenar el sistema para que funcione. Un sistema donde el trabajador esté protegido, pero también lo esté quien da trabajo; donde los conflictos se resuelvan con equilibrio, y no con fallos automáticos que arrasan con quien arriesga; donde los gremios defiendan condiciones laborales, no privilegios heredados y donde el Estado actúe como árbitro, no como cómplice de estructuras oscuras.
El empleo no nace de los discursos ni de los Powerpoints. Nace cuando alguien decide abrir un negocio, contratar a otra persona, invertir en su proyecto. Y esa decisión no se toma sobre la base de la épica política, sino de la confianza. Confianza en que las reglas no van a cambiar a mitad de camino. En que la ley lo va a proteger ante el abuso. En que no será rehén de un sistema que lo castiga por querer crecer.
Hasta que eso no ocurra, todas las promesas de generación de empleo serán eso: promesas. Porque sin seguridad jurídica, sin justicia equilibrada, sin libertad para emprender y contratar, el empleo será siempre una idea, nunca una realidad.
El autor es abogado y emprendedor. Presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina
