El Gobierno confirmó que habilitará a los particulares a importar vehículos usados y 0km. La medida, que había sido anticipada meses atrás, fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló que el objetivo es eliminar trabas burocráticas que, hasta ahora, impedían la importación directa por parte de personas físicas.
“Antes te pedían una licencia. Ahora, si un auto en Estados Unidos anda y en Europa lo dejan andar, vamos a presumir que acá también”, explicó el funcionario en declaraciones con el canal de streaming Neura. La flexibilización se espera que se enmarque en una reforma más amplia a la Ley Nacional de Tránsito y una serie de cambios normativos que buscan dinamizar la oferta de vehículos en el país.
Mediante la Resolución 222/2025, publicada por la Secretaría de Industria y Comercio, amplió el listado de organismos internacionales habilitados para homologar autos y autopartes, eliminando la exclusividad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Argentino de Normalización (IRAM). A partir de ahora, se aceptarán también certificados emitidos por entes reconocidos por la ONU, el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) u otros laboratorios acreditados bajo norma ISO 17025.
Esto significa que un vehículo que ya cumple con los estándares de seguridad y emisiones de mercados como Europa, Japón o EE.UU., podrá ser patentado y asegurado en la Argentina sin más requisitos técnicos (deberá hacer la VTV o pasar algún tipo de revisión como cualquier vehículo, sobre todo si se le realizaron modificaciones al auto para adaptarlo a nuestro mercado). Con su anuncio, la iniciativa generó interrogantes en el mercado local: desde el impacto fiscal que podría tener el nuevo régimen, hasta la posible necesidad de revisar los contratos de representación que hoy rigen la operación de muchas marcas en el país.
Desde uno de los principales grupos importadores del país le comentaron a LA NACION que la apertura para vehículos usados difícilmente prospere y la califican como una medida más declarativa que efectiva.
En cambio, sí ven factible que la habilitación para importar unidades 0km por parte de particulares avance, aunque con matices. “Habrá un entusiasmo inicial, pero con el tiempo el consumidor valorará contar con una red de posventa, garantía oficial y respaldo ante cualquier eventualidad, como la provisión de repuestos”, señalaron.
Además, remarcaron que sería la diferencia de precios el principal atractivo en algunos casos, pero “no lo suficiente como para que el usuario promedio renuncie a la cobertura que ofrece el canal formal».
“La posibilidad de que los particulares importen unidades de modelos ya homologados implicaría una desventaja para las terminales o importadores oficiales que ya hicieron esa inversión”, adhirieron desde una de las terminales que operan en la Argentina.
Según explican, las medidas que tome el Gobierno en esta materia deben cumplir con variables como seguridad, cuidado del medio ambiente y la igualdad de condiciones para todos los actores del mercado.
Hoy, los costos de homologación en el país incluyen a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) que tiene un costo de US$10.000 y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) de US$2250 y los reportes que se utilizan para estas certificaciones incluyen ensayos que también tienen su costo: recursos, unidades de prueba, know how de desarrollo y otros que pueden variar de US$200.000 a US$1.000.000 por cada modelo, afirmaron.
Si bien el Gobierno avanzó con una primera modificación de la ley de tránsito donde se eliminó tanto la LCM como la LCA y se la reemplazó por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), “todavía no está reglamentado, por lo que en la práctica seguimos igual que siempre”, remarcan desde otra firma. “No sabemos cuándo va a salir ni cómo”, añaden.
Por otro lado, remarcaron cierta preocupación en torno a esta medida por los autos 0km. “En el caso de vehículos no homologados, de acuerdo a los trascendidos, se reemplazaría la homologación por una inspección parecida a la VTV. Es decir, se reemplazan los reportes sobre, por ejemplo, impacto frontal, funcionamiento de airbags y otros por una verificación particular sobre determinada unidad. De este modo no se pueden garantizar las condiciones mínimas de seguridad e implicarían un riesgo para la seguridad vial”, concluyeron.
No obstante, en estas horas prima la cautela entre las principales terminales quienes señalaron “estar estudiando el alcance eventual de la medida”.
