«El futuro del planeta» está en juego ante la máxima corte de la ONU, declaró el lunes un representante de la isla de Vanuatu, durante las audiencias para establecer un marco jurídico sobre cómo deben luchar los países contra el cambio climático.
Más de 100 Estados y organizaciones presentarán sus declaraciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ, con sede en La Haya), el mayor número registrado en este tribunal.
«El resultado de estos procesos tendrá repercusiones para varias generaciones, y determinará el destino de naciones como la mía y el futuro de nuestro planeta«, declaró Ralph Regenvanu, enviado especial para el cambio climático de Vanuatu, una pequeña isla del Pacífico.
«Se trata quizás del caso más importante de la historia de la humanidad», agregó.
Los activistas esperan que la decisión de los jueces de la CIJ tengan consecuencias jurídicas importantes en la lucha contra el cambio climático.
Otros temen que la petición de un dictamen consultivo no vinculante, que tendría el respaldo de esta instancia de la ONU, en realidad tenga un efecto limitado y probablemente tarde meses, o años, en emitirse.
Decenas de manifestantes se congregaron delante del Palacio de la Paz, sede de la CIJ, con pancartas donde se podía leer: «El mayor problema ante la máxima corte» y «Financien nuestro futuro, financien el clima ahora».
«Tengo esperanzas de que los jueces digan algo útil que realmente pueda sacar a las negociaciones sobre el clima del punto muerto que vemos cada año en las COP», dijo a AFP Jule Schnakenberg, miembro de la Juventud Mundial para la Justicia Climática.
«Esperamos realmente ver avances», añadió esta alemana de 26 años.
Estas audiencias empiezan días después del cierre de las ásperas negociaciones climáticas en la COP29 de Azerbaiyán, en las que los países desarrollados se comprometieron a financiar con al menos 300.000 millones de dólares anuales la adaptación y la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo, de aquí a 2035.
Los países en desarrollo tacharon de «insulto» el acuerdo que, además, no menciona ningún compromiso mundial para abandonar los combustibles fósiles, en gran parte responsables del calentamiento global.
El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para remitir dos preguntas clave a los magistrados de la CIJ.
La primera es qué obligaciones tienen los Estados en virtud del derecho internacional respecto a la protección del sistema climático de la Tierra contra las emisiones de gases de efecto invernadero.
La segunda es cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de estas obligaciones dado que los Estados «por acción o por omisión, han causado daños importantes al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente».
La segunda cuestión evoca también las posibles responsabilidades jurídicas de los Estados por los daños causados a países pequeños más vulnerables y a sus poblaciones, especialmente en el Pacífico.
Joie Chowdhury, jurista del Centro de Derecho Ambiental Internacional, con sede en Estados Unidos y Suiza, no espera que el dictamen de la CIJ «aporte respuestas muy específicas».
Al contrario, esta experta prevé que la corte ofrezca «un marco jurídico (…) a partir del cual se puedan decidir cuestiones más específicas». Según ella, la decisión de los jueces, que deberían pronunciarse el año que viene, «aclarará los litigios relativos al clima a nivel nacional e internacional».
Varios de los países más contaminantes del mundo, entre ellos los tres principales emisores de gases de efecto invernadero, es decir China, Estados Unidos e India, figuran entre los 98 países y 12 organizaciones que presentarán sus observaciones.
