La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada este miércoles, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular.
La iniciativa fue impulsada en el marco de un enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte, que ha bloqueado leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
Aquí las claves de la reforma constitucional, que pudo ser aprobada gracias a las amplias mayorías que obtuvo el oficialismo en las elecciones del 2 de junio, en las que fue elegida presidenta la izquierdista Claudia Sheinbaum.
La parte medular y más controvertida es la elección popular de jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte.
Comicios extraordinarios
Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras exámenes y concursos de méritos.
López Obrador asegura que la elección busca limpiar de corrupción a la justicia, pero la oposición, oenegés y Estados Unidos sostienen que socava la independencia judicial y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.
Un caso único
La proyectada elección de unos 1.600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte, es un caso único.
«No existe en otros países», señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.
Un caso parecido
Si bien en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
Reducción de la Corte
La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.
Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumple.
Tribunal de Disciplina Judicial
La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.
México, el país de la impunidad
En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera 90%, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos investigativos antes que impulsar una «demolición» del poder judicial.
Jueces anónimos
La reforma incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.
Sin embargo, esa figura es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los juzgadores.
La medida ha sido aplicada en otros países de la región. En Colombia se adoptó a finales de los años 1980 para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico, en medio de cuestionamientos a su eficacia para proteger a los magistrados y garantizar la justicia.
En El Salvador, como parte del estado de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele, se ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a miles de supuestos pandilleros que luego son presentados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional.
Activistas de derechos humanos denuncian que en medio de esas redadas han caído muchos inocentes.