El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, adelantó este lunes que el estado provincial se presentará ante la corte de Apelaciones de Nueva York con el fin de solicitar el levantamiento del embargo dispuesto por la jueza estadounidense Loretta Preska sobre las acciones de YPF distribuidas a las jurisdicciones productoras de hidrocarburos.
“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, advirtió el mandatario.
En un mensaje difundido junto al vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, el mandatario aclaró: “Vamos a defender lo nuestro tanto de la demagogia kirchnerista como del atropello de un fallo de una jueza estadounidense que, por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF”.
El gobernador se refirió al fallo de la jueza estadounidense que obliga a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. En un comunicado, Torres aseguró: “Nos vamos a plantar y solicitar que levanten el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada”.
La presentación se produce en medio del retiro de YPF de Chubut, en el marco del Plan Andes y la decisión de YPF de abandonar los yacimientos maduros. En esta provincia, las áreas quedaron en manos de Pecom, mientras se evalúa quién se quedará con el yacimiento Manantiales Behr del que YPF se desprenderá antes de fin de año.
El retiro de YPF provocó un sacudón en Chubut, en cuyo territorio -Comodoro Rivadavia- se descubrió el petróleo en 1907. Sumado a la baja del precio del petróleo, esta provincia sufre por la caída de los ingresos por regalías con índices comparables a los de la crisis que generó la última pandemia.
La retracción productiva, combinada con la baja de precios, impactó de lleno en los ingresos, con una baja de más de US$25 millones en los primeros cinco meses del año. En el municipio de Comodoro, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos por ese ítem alcanzan un 35%.
La producción petrolera de Chubut cayó por debajo del nivel registrado en la pandemia. En los primeros seis meses de 2025 se extrajo un 3,1% menos que en igual período del año pasado y un 16% menos que en 2019, cuando la provincia todavía lideraba el mapa petrolero nacional.
De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, actualizados hasta el quinto mes de 2025, entre enero y mayo se produjeron en Chubut poco más de 3 millones de metros cúbicos de crudo, frente a los 3,2 millones del mismo tramo del año pasado.
Hoy se conoció que Justicia de EE.UU. volvió a fallar en contra de la Argentina al rechazar el pedido de suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios que demandaron al país. Ahora, el Estado argentino tiene un plazo de tres días más antes de entrar en desacato si no cumple con el fallo o consigue un acuerdo previo. El país ya apeló esta decisión al tribunal superior de la Corte de Apelaciones, pero no hay certezas de que se expida antes de las próximas 72 horas.
El gobernador se refirió al fallo de la jueza Preska, del Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Recordó que, de ese porcentaje, “el 51% era para el Estado nacional y el 49% para las provincias petroleras nucleadas en la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) de acuerdo a una distribución hecha sobre pautas de producción”, y aclaró que “en el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut”.
Torres reveló al respecto que, “al tener participación accionaria en YPF, nos vamos a presentar y solicitar que se levante el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada”.
Cuestionó la “desprolijidad” de las anteriores gestiones provinciales que “nunca mandaron a protocolizar ni hicieron aprobar por ley” el acuerdo suscripto en 2012 con el Gobierno que establecía la transferencia del 49% de las acciones a los Estados productores de hidrocarburos en función de los niveles de producción en cada territorio. “Ese acuerdo nunca fue mandado a la legislatura para ser aprobado”, expresó.
