BRASILIA.- La escena parecía cuidadosamente construida. “Esto es una cobardía contra un expresidente. Vamos a enfrentar a todos, para mí lo único que vale es la ley de Dios”, gritó Jair Bolsonaro, mientras levantaba el dobladillo de su pantalón para mostrar por primera vez la tobillera electrónica que le pusieron por orden judicial. A su alrededor, cámaras de televisión captaban la escena, que sería amplificada en redes por aliados. “Esto es el símbolo de una humillación máxima”, agregó el lunes, en uno de los accesos a Diputados, apuntando al dispositivo.
Con múltiples restricciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal (STF), que incluyen la prohibición en el uso de redes sociales y la obligación de permanecer en Brasilia, Bolsonaro ha profundizado su estrategia: presentarse como mártir, cada vez más cerca de una condena en la Corte por haber tramado un golpe de Estado en 2022.
El expresidente, investigado también por haber articulado sanciones contra Brasil ante la Casa Blanca de Donald Trump -tras la amenaza estadounidense de aranceles del 50% contra productos brasileños– con el fin de entorpecer el proceso que investiga el intento de golpe, se presenta ahora como una víctima política censurada y busca reconstruir el bolsonarismo bajo presión, para que el espacio refuerce posiciones en el Congreso en 2026.
La estrategia no se limita a la puesta en escena. Esta semana, el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, tensó aún más el clima. Primero, habló de una posible necesidad de “uso de la fuerza” contra el STF, en un tono que evocó el discurso agresivo que precedió los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Luego solicitó la internación psiquiátrica del juez Alexandre de Moraes, instructor de las causas contra Bolsonaro. La acción fue interpretada como una forma de desacreditar al magistrado y victimizar aún más al expresidente ante la opinión pública. El pedido se fundamenta en la supuesta “inestabilidad emocional” del juez, por “perseguir” a Bolsonaro y “violar principios constitucionales”.
Para Paulo Calmon, politólogo y profesor de la Universidad de Brasilia (UnB), “Moraes actúa como juez, siguiendo las normas del proceso penal que establece la ley. Le corresponde reaccionar a las maniobras de Jair Bolsonaro”.
Como nunca, el expresidente Bolsonaro estuvo cerca de ser arrestado esta semana, poco después de la exhibición de la tobillera. El juez Moraes decidió, sin embargo, no convertir en prisión preventiva el incumplimiento parcial de las restricciones por parte del expresidente, considerando que la escena se trató de una “irregularidad aislada”.
No obstante, advirtió que cualquier nueva violación, que implique la reproducción de contenidos seleccionados en redes sociales, llevaría a una orden de arresto inmediata. En la práctica, la advertencia empuja a Bolsonaro a una suerte de autocensura, ya que cualquier fragmento de sus entrevistas que se viralice en redes sociales -incluso si es publicado por terceros- podría ser considerado una infracción.
Bolsonaro pasó a evitar hablar ante los medios. “Los abogados no me lo recomiendan”, se justificó.
Ante el endurecimiento de Moraes, el bolsonarismo intenta rearmarse en el Congreso y las calles. Una reunión con 54 diputados y dos senadores de partidos conservadores acordó una triple ofensiva: impulsar una amnistía general -que podría incluir al propio Bolsonaro-, avanzar con una reforma constitucional para terminar con los fueros especiales y proponer el juicio político contra ministros del STF.
La jugada apunta a construir una mayoría bolsonarista en el Senado en las elecciones de 2026, clave para avanzar contra el Supremo.
La idea de anular la competencia del STF mediante reformas legislativas podría ganar tracción en políticos del denominado Centrão -partidos conservadores que suelen integrar las bases oficialistas en el Congreso a cambio de cargos en la Explanada de los Ministerios- muchos de cuyos miembros también enfrentan causas.
Paralelamente, se organiza una movilización nacional bajo el lema “Reage, Brasil” el 3 de agosto, antes del regreso al trabajo en el Congreso. Diputados bolsonaristas vinculados a camioneros y al agronegocio prometen movilizar apoyos. Aunque se promueve como “espontánea”, todo apunta a que se tratará de una demostración de fuerza organizada contra el STF.
El foco de Bolsonaro, inhabilitado políticamente hasta 2030, ya no es solo su defensa inmediata. La condena por su participación en un plan para dar un golpe de Estado es considerada cada vez más probable incluso por aliados. Pero su entorno trabaja con una hipótesis clara: incluso si el exmandatario es condenado, su capital político puede ser utilizado para liderar una ola legislativa que permita alcanzar el control del Senado. Con esa mayoría, el bolsonarismo podría avanzar con juicios políticos a jueces.
Sin embargo, Calmon advierte que “Bolsonaro se ha convertido en un criminal peligroso”. “Además del intento de golpe, cometió un crimen contra la soberanía nacional al negociar -por medio de su hijo y con financiamiento propio- sanciones con Estados Unidos a cambio del perdón de una eventual pena», señala.
Y aunque el bolsonarismo aspira a recuperar fuerza institucional, las condiciones reales podrían volverse adversas. “Si Bolsonaro es preso, las chances de construir una mayoría en el Senado se reducirán significativamente. Enfrenta dos procesos distintos: intento de golpe y amenaza a la soberanía nacional. Si es condenado, el costo político de apoyar a su grupo aumentará, y buena parte del Centrão se alejará”, afirma.
Para el politólogo, la eventual prisión del expresidente tampoco reforzaría su figura como símbolo de resistencia. “No lo convertirá en héroe. Al contrario: debilitará su liderazgo, que quedará reducido a un pequeño grupo de fieles. Como se dice en el Congreso: ‘el Centrão no carga el ataúd de nadie’. Así abandonaron a Dilma Rousseff, y así será con Bolsonaro”, concluye.
